La fiscal del MPA, Luciana Escobar Cello, adelantó que apelará la decisión de otorgar la libertad con normas de conducta a dos personas imputadas por divulgar material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes.

Los investigados son dos hombres, cuyas iniciales son MEJ de 46 años y LFP de 38 años, quienes fueron detenidos la semana pasada en sendos allanamientos realizados en sus viviendas en la ciudad de Santa Fe.

Las medidas alternativas fueron resueltas el viernes pasado por la jueza Celeste Minniti en una audiencia que se llevó a cabo en los tribunales de la capital provincial. Previamente, la fiscal del MPA había solicitado la prisión preventiva.

“Planteamos que había evidencia suficiente para sostener –en la instancia procesal en la que estamos– la autoría del delito, la materialidad del ilícito y los peligros procesales”, agregó.

Escobar Cello informó que “no se hizo lugar a nuestros argumentos y por eso es que en las próximas horas apelaremos la decisión de primera instancia”.

A los dos imputados se les ordenó fijar un domicilio y constituir un guardador; se les prohibió el acceso a cualquier red de Internet; se dispuso la obligatoriedad de que se presenten cada 15 días en el MPA y de que constituyan una fianza.

La atribución delictiva realizada por la Fiscalía es por la autoría del delito de divulgación de imágenes y videos de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, agravado por la edad de las víctimas.

Las conductas delictivas fueron detectadas a partir de un oficio de la investigación internacional “Aliados por la Infancia III”, encabezada por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (United States Department of Homeland Security) y la Secretaría Nacional de Seguridad Pública de Brasil. Además de esos dos países, también intervinieron Panamá, Ecuador, Paraguay, República Dominicana, Perú, Costa Rica, entre otros.

Las dependencias de Estados Unidos y de Brasil que iniciaron las diligencias enviaron un oficio al Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), para notificar que se había verificado tráfico de material audiovisual de abuso sexual infantil dentro del territorio argentino.

Además de los casos en la ciudad de Santa Fe, se detectaron objetivos en CABA y en las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz,  Tucumán, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Jujuy, Entre Ríos, Formosa.