En el escrito, explicaron que la denuncia es por la posible comisión de los "delitos de lesiones, daños a fin de impedir el ejercicio de la autoridad; tenencia de armas, atentado y resistencia a la autoridad, y contra los poderes públicos y el orden constitucional; todos ellos agravados por terrorismo".

Los denunciantes entendieron que, en virtud de lo normado por el artículo 41: "no puede ser descartado el agravante del terrorismo, dado el tenor de los hechos cuya investigación se solicita, y siendo manifiesta la intención de los involucrados de impedir el normal funcionamiento de un poder del Estado".  

En este sentido, se pidió en la denuncia que se investiguen "las conductas típicas descriptas, a todos aquellos que hubieren financiado a las organizaciones participantes de la protesta violenta".

"Los hechos aquí denunciados revisten una gravedad institucional que amerita una enérgica y rápida intervención del Poder Judicial, que preserve para el presente y para el futuro de los argentinos, la posibilidad de que las instituciones de la República y la Democracia, funcionen sin ningún tipo de condicionamientos", expresaron.