La vicepresidenta Victoria Villarruel informó que presentó una denuncia ante la Justicia por los daños sufridos en los edificios del Senado durante la movilización al Congreso realizada el miércoles pasado,  durante el debate de la Ley Bases, que culminó con serios incidentes y la detención de 33 manifestantes.

A través de las redes sociales, Villarruel-quien hoy está cargo del Poder Ejecutivo por el viaje del presidente Javier Milei para participar del G7-, comunicó: “presentamos hoy ante el Juzgado de la Jueza Servini de Cubría nuestra denuncia y la solicitud para ser querellantes por los daños sufridos en los edificios históricos del Senado de la Nación hace 2 días. Se terminó el país de los violentos. Quién comete un delito, debe responder.”.

La vicepresidenta ayer había anticipado iban a “denunciar a los delincuentes que atentaron contra las instituciones de la democracia. Vamos a hacerles pagar todos los daños materiales dirigidos hacia los edificios históricos y veredas del Congreso Nacional. La Argentina de la sedición y la anarquía terminó”.

Militantes gremiales y políticos de Unión por la Patria y la izquierda realizaron una marcha el miércoles pasado para protestar contra la sanción de las Ley Bases y el paquete fiscal. Se produjeron graves incidentes entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes que tuvo como consecuencia la detención de 33 personas.

En un comunicado se informa que "la causa de la denuncia es por el intento de interrumpir la sesión que estaba llevando a cabo en el Honorable Senado de la Nación,  el día miércoles 12 de junio, cuando estaba en curso la sesión ordinaria donde se trataba el “Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión, sobre Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.

También se informó que el Senado de la Nación realizó un relevamiento  presupuestario  por los daños ocasionados al edificio de la Cámara de  Senadores y al anexo  del mismo.

Precisó que “los delitos que se le adjudican a los  responsables son  daños simples y  agravados, delitos en la contra la seguridad pública, instigación  a cometer delitos intimidación publica, incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones organizaciones o pertenencias  que tengan por objeto  imponer ideas o cometerlas por la fuerza o por el temor”.