El gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, llevó adelante este jueves a la mañana el derrumbe de un puesto de venta de drogas en barrio Stella Maris de Rosario. Fue en el marco del programa Intervención Barrial Focalizada (IBF), que desde su implementación ha permitido realizar este tipo de acciones en distintos puntos de la ciudad.

 

La actividad fue en un domicilio ubicado en Querandíes 1251 bis, y estuvo encabezada por el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, acompañado del fiscal Regional Matías Merlo y el fiscal Franco Carbone, ambos pertenecientes al Ministerio Público de la Acusación (MPA), y el secretario de Control Municipal de Rosario, Diego Herrera.

 

“Intervenir de inmediato”

 

El ministro explicó que “este lugar funcionaba como punto de venta, a veces con habitantes golondrinas que venían como anoche, y hace un rato, a instalarse para impedir la medida procesal. No era una vivienda permanente de familia; era un punto de venta de estupefacientes alrededor de los cuales en los últimos tiempos hubo tres homicidios ligados a este lugar”.

 

“Hubo 50 llamadas al 911 denunciando ventas de estupefacientes -enumeró el ministro-. Además, en los allanamientos que se llevaron a cabo por orden de la Fiscalía de la Provincia de Santa Fe se encontraron elementos de comercialización de droga, balanza, algunos elementos más, vestigios de droga, con lo cual fue perfectamente determinado que estamos ante un inmueble cuya única utilidad era estar montado para la venta de estupefacientes al minorista”. 

 

Cococcioni señaló también que “ha habido múltiples allanamientos, múltiples medidas en el pasado y el lugar se vuelve a reinstalar. Por lo tanto se llega a solicitar y a ordenar judicialmente la medida de inactivación física. En este caso con lisa y llanamente la demolición del lugar, porque no hay otra medida más idónea para hacer que este lugar directamente deje de ser copado por los narcos. Quedará inactivado, no va a poder funcionar más físicamente como punto de venta. De todas maneras vamos a tener el monitoreo ante cualquier posible reanudación de una actividad ilícita, directamente se va a intervenir de inmediato”.

 

El ministro remarcó también que esta forma de dar respuesta desde el Gobierno surge “en el marco de la IBF que llevamos adelante hace algunos meses en este barrio de la ciudad de Rosario. Por eso, realmente estamos ante un lugar, este búnker, que no sólo es un factor criminógeno de intranquilidad pública, sino que es un lugar cuya dinámica obviamente le hacía imposible la vida en sociedad al entorno. Es decir, la gente sale, quiere pasar por una vereda y resulta que hay tres o cuatro personas en moto peleándose a los tiros porque no se pusieron de acuerdo por un tema de la droga que venían a comprar”.

 

IBF y Ley de Microtráfico

 

Es preciso señalar que la reciente acción en Rosario se da en el marco del programa IBF que llevan adelante el Gobierno de Santa Fe, la Municipalidad y el Ministerio Público de la Acusación, a partir de la Ley de Microtráfico, con la cual la Provincia avanza con el derribo e inutilización de puntos de venta de drogas con el objetivo de reducir la circulación de violencia lesiva en sectores de conflicto del territorio provincial.

 

Esta Ley, aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial, establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos de “microtráfico” o “narcomenudeo”, que hasta antes de la reglamentación eran competencia de la Justicia Federal.

De esta manera, se permite la desactivación coercitiva de los puntos de venta minoristas de estupefacientes en el territorio provincial: cuando haya un búnker o una construcción precaria y montada específicamente para el tráfico estupefaciente, con la ley se permite el derribo o demolición forzosa. También, se pretende dilucidar los eslabones superiores en la cadena de comercialización y suministro de estupefacientes, y la desactivación del punto de venta en concreto.

 

La Justicia Federal persigue la cadena de comercialización, investiga los eslabones superiores del narcotráfico y la intervención provincial es la desactivación directa del punto de venta.