El juez Walter Lara Correa consideró que la política pública para asegurar el derecho a la alimentación "se apoya en distintos planes y programas que requieren la articulación y coordinación con provincias y municipios y no sólo a través de la transferencia directa de ingresos a las familias".

La medida interpuesta por el magistrado fue en el marco de una acción colectiva iniciada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a la que se sumaron la Fundación de la Isla Maciel, AJUS y Fundeps.

La decisión del juez está vinculada con programas como el plan Argentina contra el hambre, el programa nacional Alimentar Comunidad, y los compromisos internacionales asumidos con el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que establecen la entrega de alimentos a comedores y espacios comunitarios. 

"Estos son los planes que el Ministerio de Capital Humano no está implementando, de acuerdo con la evolución de las partidas presupuestarias ya comprometidas y la información que se incorporó en el expediente", explicaron desde el CELS y UTEP a través de un comunicado de prensa. 

La medida cautelar había sido reclamada también por la defensora Pública Oficial Federal, Florencia Plazas, que interviene en el proceso colectivo en representación de todos los 
niños, niñas y adolescentes que no pueden acceder a una alimentación adecuada.

En tanto, desde diciembre pasado, distintos comedores y merenderos comunitarios denunciaron que dejaron de recibir mercadería, mientras la necesidad de acceso a alimentos se incrementó producto de la crisis económica y social.

Por esta razón, en febrero la UTEP y el CELS presentaron un amparo colectivo y reclamaron una medida cautelar para que se garantice de manera "urgente" el derecho a la alimentación de todas las personas que asisten a estos espacios.