El domingo pasado, al defender la actuación del organismo a su cargo en la quiebra de la empresa Ciccone, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, justificó por qué el Estado se opuso al manejo de esa firma por parte de la competidora Boldt. El argumento era que esa firma estaba denunciada por la AFIP en dos causas judiciales por presunta evasión tributaria.

“La AFIP decidió optar por un contribuyente que exteriorizó su voluntad de pago y no por uno que estaba siendo juzgado en dos causas judiciales por evasión tributaria y no manifestaba voluntad de pago”, expresó Echegaray al justificar por qué había dado su conformidad al levantamiento de la quiebra de Ciccone, cuya planta alquilaba Boldt.

El asunto es que los hermanos Héctor Hugo Ciccone y Nicolás Tadeo Ciccone están denunciados en una vieja causa penal, también por presunta evasión, en la que la AFIP es querellante, según recordaron ayer a Clarín fuentes judiciales. Es más, la situación de ambos mereció un reciente pronunciamiento de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

En efecto, el 25 de febrero pasado, la Sala B de ese tribunal (integrada por los jueces Roberto Hornos, Marcos Grabivker y Nicanor Repetto), ratificó una decisión del juez Rafael Caputo de citar a los hermanos Ciccone a declaración indagatoria . Y encomendó al magistrado de primera instancia hacerlo “sin más demoras”. Los Ciccone habían apelado aduciendo la prescripción del eventual delito.

Se trata de un desprendimiento de la megacausa Viazzo, la misma que catapultó a la consideración pública a la empresa de origen sueco Skanska por el escándalo de las facturas truchas que derivó en las renuncias de dos funcionarios kirchneristas. Respecto de Ciccone se le sumó una más añeja causa en la que los Ciccone habían sido procesados por el juez en lo Penal Tributario Diego García Berro pero luego sobreseídos parcialmente por la Cámara Federal de Casación Penal. Era por una presentación tardía de una declaración jurada de Ganancias correspondiente al período 1999. Y en esta causa la AFIP fue parte, como en la de las facturas truchas.

“Resulta que pedimos la quiebra para cumplir con nuestra función primordial de recaudar, buscando un mecanismo de pago legal y ajustado a derecho, y aparece el grupo Boldt, que no cumple con AFIP sino que además usufructúa de los bienes de Ciccone con una situación fiscal irregular”, había expresado el domingo Echegaray a través de un comunicado.

Fue para responder a la difusión pública -ese mismo día, en los diarios Clarín y La Nación- de lo que había dicho un año y medio atrás el juez que llevó el expediente de la quiebra de Ciccone, Javier Cosentino, quien había considerado “llamativo” el cambio de postura de la AFIP en esa causa. Había pedido la quiebra y poco tiempo después, con la aparición de los misteriosos fondos de la firma The Old Fund, aceptó retirarlo y concederle un generoso plan de pago de la deuda de la ex Ciccone.

El rol de la AFIP en esa quiebra también quedó en la mira de la Oficina Anticorrupción (OA), un organismo que depende del Poder Ejecutivo. El titular de la OA, Julio Vitobello, pidió copias del expediente de la quiebra a la Justicia Comercial y se mostró interesado en las partes que refieren justamente a la intervención de la AFIP en el caso, según dijeron fuentes judiciales.

En el fuero penal ya hay una investigación que tiene como carátula el nombre del vicepresidente Amado Boudou, cuyo papel en el caso quedó bajo la mira.