El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, se reunió con su par nacional Julio Alak, a quien le entregó un informe sobre la situación de los juicios de lesa humanidad en Santa Fe para que por su intermedio lo eleve a la Comisión Interpoderes (organismo impulsado por la Corte Suprema de la Nación e integrado por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de la Procuración General que busca resolver dificultades en la sustanciación de causas por violaciones a derechos humanos).



En la ocasión, Lewis manifestó “la voluntad del gobierno provincial de colaborar y articular medidas para que estos trascendentes procesos se desarrollen con agilidad y eficacia”.



De la reunión, que tuvo lugar el pasado martes en Buenos Aires, también participaron el secretario de Derechos Humanos, Horacio Coutaz, y la subsecretaria, Nadia Schujman. Por su parte, Alak estuvo acompañado por el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena.



Al término de este encuentro los funcionarios santafesinos también se entrevistaron con la comisión de disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación a los fines de que estudie las observaciones formuladas en el informe.



INFORME DE SITUACIÓN



Los datos consignados por el ministro fueron relevados por la Secretaría de Derechos Humanos y ahora están en manos del ministro Alak, quien los presentará a la Comisión Interpoderes para la evaluación, agilización y seguimiento de los juicios de lesa humanidad. Es que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos colabora a través de distintas líneas de acción con la realización de estos procesos, por ejemplo aportando prueba (sólo para el debate en la causa Díaz Bessone aportó más de 535 documentos que fueron prueba valorada en los alegatos por todas las partes acusadoras). Es en ese contexto que se han observado algunas dificultades y obstáculos, según surge del informe entregado a Alak.



Allí se detallan, entre otros puntos, las demoras en la tramitación de la causa Díaz Bessone, que se sustancia en el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario desde julio de 2010, y en el inicio de la causa “Saint Amant”, elevada al mismo tribunal hace tres años y aún sin fecha cierta de comienzo. También se plantea que las pocas sentencias obtenidas hasta ahora no están firmes, por encontrarse recurridas sin que se expida aún la Cámara de Casación, al punto que de los 267 condenados en el país, sólo 43 tienen condena firme, y ninguno es de Santa Fe. Como consecuencia de ello, el ex juez Víctor Brusa y otros dos condenados en esa causa –la primera por delitos de lesa humanidad en la provincia– obtuvieron el beneficio de las salidas transitorias, lo que produjo impacto en testigos, víctimas y organismos de derechos humanos.



Asimismo, Lewis mencionó en su escrito las demoras en la fijación de fecha de audiencias de juicios por estos delitos cuyas investigaciones fueron realizadas en Reconquista: al día de hoy, no se ha sustanciado ningún debate sobre hechos ocurridos en la jurisdicción de los tribunales federales de esa ciudad ni existe fecha precisa para ello, a pesar de encontrarse reunidas las condiciones procesales para su efectivización.



Durante el encuentro con Alak, los funcionarios provinciales solicitaron que éstas y otras preocupaciones volcadas en el informe sean transmitidas a la Comisión Interpoderes, “junto con la predisposición del gobierno provincial a coadyuvar en la articulación de medidas que posibiliten la agilización y eficacia de los juicios por delitos de lesa humanidad que se llevan a cabo en territorio santafesino”.