Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario sancionada por el Congreso y necesita hoy de un tercio de los presentes en el recinto de Diputados para sostenerlo. El apoyo que Mauricio Macri le proporcionó al jefe del Estado sería decisivo, además del aporte de gobernadores aliados, que acercarían al Gobierno al tercio. Uno de ellos, es el peronista Osvaldo Jaldo, de Tucumán, que ordenó a tres de sus legisladores a alienarse con el oficialismo. Es decir, La Libertad Avanza tendría asegurado 84 votos para sostener la medida presidencial y solo le faltaría un apoyo.

Con 144 diputados presentes, la sesión comenzó a las 11.18 y se esperan entre cuatro y cinco horas de debate. Se tratará exclusivamente lo del veto de Milei al financiamiento educativo.

El Gobierno todavía no cuenta con la garantía del éxito, como tampoco la oposición. Ambos bandos se encaminan a una sesión incierta donde las ausencias y abstenciones serán determinantes para definir el resultado. Sin embargo, el Gobierno está más cerca de conseguir su objetivo.

Qué dice la ley

La norma sancionada por el Congreso establece una recomposición retroactiva de los salarios de docentes y no docentes del sistema universitario nacional por la inflación acumulada al 1° de diciembre del 2023. Define, además, una actualización mensual de los mismos por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que arroje el Indec, solo en el caso en que no se llegue a un acuerdo paritario.

Respecto de los gastos de funcionamiento de las universidades y los hospitales universitarios, indica que se actualicen al 1° de enero de 2024. Para lo que resta del año, determina que se revisen estas partidas de manera bimestral con el índice de inflación publicado por el Indec.

El propósito de la ley es garantizar el presupuesto a las altas casas de estudio, más allá de los aumentos esporádicos que ofrezca el Poder Ejecutivo.

Según el decreto de Milei que oficializó el veto a la ley de financiamiento universitario, ese proyecto significa un gasto adicional para este año de $811.569 millones. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en cambio, estimó que para este año tendrá un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI.