Una localidad santafesina ¿víctima de una estafa piramidal?

Se trata de Casilda. Fue un concejal, Mauricio Maroevich quien realizó la denuncia. La empresa opera a través de WhatsApp.

Una localidad de Santa Fe está bajo la lupa por una posible estafa piramidal en la que habría 900 damnificados. La noticia se da en medio del escándalo por una situación similar en San Pedro donde advierten que un tercio de los habitantes fueron víctimas.

Se trata de la localidad santafesina de Casilda donde el concejal Mauricio Maroevich realizó una denuncia al manifestar que una empresa prometía retornos del 5 por ciento en dólares si se invertía en una aplicación.

Según detalla la denuncia presentada ante la Fiscalía Regional, cerca de 900 vecinos invirtieron en una APK (Android Application Package) llamada Peak Capital.

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Ante este escenario, creen que se trataría de una estafa por esquema Ponzi, la cual está siendo tendencia en los últimos días por un caso similar en San Pedro donde habría casi 20 mil damnificados de la empresa Rainbowex.

"Nos enteramos hace unos 20 o 25 días de un grupo de personas que ofrecía inversiones con altísimos retornos en dólares", contó el concejal.

Maroevich resaltó que se realizaban reuniones y se operaba a través de la aplicación WhatsApp. "Hay un grupo de Whatsapp con 900 personas de Casilda. Les llega una señal de inversión a una hora determinada por una ventana de tiempo muy corta, siete minutos, donde hay que invertir en la criptomoneda que se indica y luego llegan las ganancias", detalló y destacó que se anunciaban retornos del 5 por ciento en dólares.

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Aun así, lo alarmante es que en los últimos días se informó que suspendían los retiros de dinero por un plazo de 10 días: "Los retornos continúan mientras hay nuevos ingresos, pero cuando el flujo de dinero se corta, las pirámides colapsan y los retornos se detienen".

"Algunos dejaron sus trabajos o contrajeron deudas de hasta 7 millones de pesos, confiados en los pagos que venían recibiendo", agregó Maroevich.

Otro dato que el concejal sumó es que en los registros se solicitaron copias de DNI y datos biométricos, por lo que hay alarma por posibles otros delitos.