El Gobierno nacional avanzará con la baja de 200 mil pensiones por discapacidad por presuntas irregularidades en el cobro de la asistencia, número que podría ampliarse una vez finalizado el proceso de auditorías del millón 250 mil asistencias que se otorgan actualmente. 

Así lo confirmó el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, quien planteó que la administración libertaria apuesta a controlar el organismo. “Lo que antes funcionaba sin ningún tipo de control, nosotros queremos controlarlo. Hoy estamos en proceso de baja de 200 mil pensiones”, aseguró. 

“De hecho, se publicó un informe de la Superintendencia de Servicios de Salud donde lo que se deduce es que lo que se está pagando en concepto de transporte de personas con discapacidad equivale a tres viajes ida y vuelta a la luna por mes. Es una barbaridad”, ejemplificó el funcionario.

En la misma línea, aclaró: “Lo que buscamos es optimizar el sistema que como está planteado hoy es inviable desde todo punto de vista. Cada vez se paga más dinero en concepto de prestaciones de discapacidad y de transporte”.

Según precisó, las abultadas cifras se dan porque no hay un “efectivo” control en las prestaciones, y porque la demanda de los prestadores es cada vez mayor. 

Actualmente, se otorgan un millón 250 mil pensiones: de ese total, la administración del presidente Javier Milei sumó 20 mil nuevos pedidos desde diciembre 2023, y tiene en estudio 600 mil casos.

La asistencia supone una cobertura de $220.024, lo que representa un 70% de una jubilación mínima.

Asimismo, la agencia redujo el porcentaje de discapacidad por beneficiario: antes alcanzaba un 76% de afectación, y hoy es del 66%. “Ya sea 66 o 76 por ciento es una afectación física notable, o sea, se percibe a simple vista”, argumentó el funcionario. 

Herencia y auditorías
En otro pasaje de la entrevista, Spagnuolo reveló que en una coordinación conjunta entre los Ministerios de Salud, Seguridad y Justicia, lograron capturar a 14 prófugos que cobraban de manera irregular una pensión no contributiva por invalidez laboral. Los detenidos estaban acusados de robo agravado, intentos de violación y otros delitos graves. 

Por su parte, denunció que durante el gobierno de Unión por la Patria se otorgaron pensiones irregulares en las provincias de Chaco, La Rioja, Tucumán y Ciudad de Buenos que serán las primeras en ser auditadas por el organismo que lidera. 

“Durante el periodo de Alberto Fernández los requisitos se ablandaron muchísimo, y hoy quedaron básicamente tres: tenés que ser argentino; si sos extranjero, tener una residencia de 10 años; y no estar en una situación de conflicto con la justicia, o sea, detenido o prófugo”, especificó el titular. 

Ante este panorama, la agencia inició las auditorias “caso por caso” del total de las asistencias que se dieron en los últimos cuatro años, y a posterior, avanzará con la totalidad de las ayudas registradas. Esperan tener los resultados de la revisión para mayo del 2025. 

“La gente concurría, charlaban con un médico, porque ni siquiera había una revisación, se le otorgaba un diploma, en breve se le comunicará cómo empezará a cobrarlo”, detalló el funcionario, quien contó además que hay una denuncia penal labrada contra el expresidente Alberto Fernández, y su antecesor Fernando Galarraga.