El presidente de Racing, Víctor Blanco, fue citado a declarar por la Justicia de la Provincia de Buenos Aires en relación a la transferencia de Lautaro Martínez a Inter de Milán en 2018. La causa, caratulada como “defraudación en la sustancia, calidad o cantidad de las cosas”, busca aclarar supuestas irregularidades en el traspaso del delantero argentino, cuyo pase al club italiano rondó los 25 millones de euros.

Blanco deberá presentar documentos y convenios firmados en ese entonces, además de un contrato mencionado en una carta documento que envió el club en agosto de este año.

La Fiscalía de Instrucción Número 4 de Avellaneda, a cargo del caso, requirió que Blanco entregue toda la documentación complementaria, incluyendo los contratos con los representantes de Martínez, los ex futbolistas Rolando “Roly” Zárate y Carlos Yaque, quienes también están implicados en la investigación.

En caso de no cumplir con la orden judicial, el presidente de Racing podría ser acusado de “desobediencia a la autoridad”. Los números oficiales de la operación, presentados por Racing en su balance de octubre de 2018, indicaron un ingreso neto de 21 millones de euros, de los cuales Liniers, el club formador de Martínez, recibió un 20 por ciento.

La citación judicial llega en un momento de tensión en Racing, donde el clima electoral se intensifica de cara a las elecciones del 15 de diciembre y podría afectar la imagen de Blanco en medio de una campaña que ya está marcada por enfrentamientos internos.

Víctor Blanco, quien lleva años al frente de la institución, buscará ser reelecto en unos comicios en los que tendrá que enfrentarse a Diego Milito, exfutbolista e ídolo del club, que encabeza la principal y firme oposición.

La transferencia de Martínez, uno de los jugadores más destacados de la cantera de Racing, fue uno de los movimientos más significativos del club en términos económicos. Sin embargo, la causa judicial pone en tela de juicio la transparencia de dicha operación.

Con la citación de Blanco, se pone en duda si todos los procedimientos administrativos y financieros relacionados con la venta fueron realizados de acuerdo con la ley, una cuestión que podría influir en la percepción de los socios de cara a las elecciones.