Este jueves, el intendente de Rosario Pablo Javkin hizo pública una serie de acciones que se llevaron adelante a partir de presuntos delitos y una serie de irregularidades detectadas en la Dirección de Corralones Municipal, lugar donde son derivados los autos y motos remitidos por distintas faltas.

“Descubrimos el procedimiento, hacían figurar como compactados vehículos que no se compactaban, se incluían en la lista de compactados pero no compactaban. Encontramos vehículos en el corralón separados y apilados, prácticamente, como una concesionaria”, señaló el titular del Ejecutivo rosarino. 

A partir de ello, el mandatario firmó un decreto de intervención del corralón, la separación de los cargos correspondientes a las personas involucradas, y la radicación de una denuncia penal para la investigación de diversos delitos, entre ellos el de asociación ilícita.

“Vamos a ir hasta el final del asunto, a separar, denunciar y expulsar a cualquiera que haya sido parte de esto. Para estas cosas creamos una agencia para el combate del lavado de activos de origen delictivo. Esto surge porque investigamos, porque tenemos las herramientas para sancionar y porque tenemos la decisión política de afrontar cualquier nicho de corrupción que aparezca”, inició Javkin.

A partir de un decreto firmado por el propio intendente el 13 de agosto de este año, en el que se facultaba a la Agencia Antilavado a analizar los vehículos que iban a compactación, principalmente aquellos con menos de 5 años de antigüedad o catalogados por Afip como “alta gama”, se inició un proceso de revisión más exhaustivo de los rodados que eran confiscados y nadie reclamaba.

“Nos empezó a llamar la atención que haya una Toyota Hilux 2017 o un Renault Sandero 2019 que nadie venía a reclamar. Es raro, eso requería que pongamos el ojo con mayor precisión. Y eso, no solo nos permitió robustecer las intervenciones de la justicia aportando información a distintas investigaciones, sino empezar a tirar del hilo de lo que ocurría allí adentro”, continuó el intendente.

A partir de dicha revisión de vehículos, a comienzos de septiembre se presentó una persona, denunciando que había adquirido un Chevrolet Cruze y que nunca había sido entregado. Como consecuencia de ello, una gestora interviniente realizó una denuncia en la cual una serie de personas comercializaban vehículos que supuestamente iban a ser compactados, los “liberaban” de multas y adulteraban los papeles de transferencia para luego ser entregados.

“Cuando pusimos el ojo tuvieron que frenar este robo, y ahí comenzaron a aparecer las personas denunciantes. Inmediatamente, iniciamos la investigación administrativa y en paralelo realizamos la denuncia penal, que ya tiene la fiscal Guillermina Aiello. El miércoles pasado intervenimos el corralón por sorpresa, separamos a todos los involucrados y sospechados y preservamos toda la documentación que puede ser de utilidad para la causa”, sentenció Javkin.

A partir de la intervención se relevaron todos los vehículos de los distintos espacios (Corralón Oeste y Corralón Moreno). De ese relevamiento detectamos un auto y cuatro motos de alta cilindrada, que en el sistema figuraban como compactadas o “egresadas”, pero físicamente se encontraban en el lugar. Como así también otras 69 inconsistencias entre vehículos registrados, vehículos liberados y vehículos en el lugar.

A partir de toda esta situación se iniciaron dos sumarios administrativos a las personas denunciadas de forma directa, entre las cuales se encuentra el ex juez de faltas y director de tránsito Henry Fabro; se trasladó la dependencia del corralón a la Secretaría de Control, se corrió todos los posibles involucrados y se espera que avance la denuncia penal por el delito de falsificación de documentos tipificado en el art. 292 CP, otras defraudaciones con potencial implicancia de agentes del estado, uso de documento falso del art. 296 CP y sin lugar a dudas el delito de asociación ilícita tipificado en el art. 210 CP, sin perjuicio de las eventuales repercusiones jurídico penales que puedan tener los hechos relatados y los que surjan de la investigación con relación a un posible menoscabo del erario público.