El senador por el Departamento La Capital, Hugo Marcucci, presentó dos iniciativas que buscan mejorar la prestación del servicio energético, orientadas a otorgarle un control de los mismos al usuario, fijar un marco regulatorio y un ente único que garanticen derechos, mejoras y transparencia.

Los fundamentos de los proyectos hablan de la necesidad de instaurar un Marco Regulatorio y contar con un Ente Único de Control del conjunto de los servicios públicos tras 20 años de políticas inconsistentes respecto a la prestación y regulación de los servicios esenciales. En particular, una EPE severamente desfinanciada, usuarios indefensos y grandes sectores poblacionales sin acceso. Por ello, Marcucci remarcó que a través del Marco propuesto para el sector eléctrico y las telecomunicaciones "planteamos restablecer ciertos parámetros en la prestación del servicio, protegiendo los derechos de los usuarios y permitiéndole exigir una mayor calidad. Recordemos que con el intento de privatización de 2006, el marco anterior cayó junto con dicho propósito."

De esta forma, la normativa contempla objetivos vinculados a la protección de los derechos de los usuarios garantizando el derecho a la información adecuada y veraz, a la libertad de elección, condiciones de equidad y buena fe, disponiendo su participación en audiencias públicas, donde podrán expresar sus peticiones y propuestas; proyectar y crear una red de alta capacidad de tráfico de servicios interactivos de telecomunicaciones y complementarios; efectuar la prestación del servicio en forma eficiente, velando por la salud, seguridad e interés económico de los usuarios, garantizando la regularidad, continuidad, uniformidad, y generalidad del mismo; y constituir un régimen tarifario y de prestación de servicios único.

Asimismo, el Marco regulatorio admite la promoción de actividades en la producción, distribución y transporte de electricidad y de telecomunicaciones, y alentar inversiones para asegurar a los usuarios el abastecimiento de los mismos a corto, mediano y largo plazo; garantizar la operatividad, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y uso generalizado de los servicios e instalaciones de transporte y distribución; alentar la realización de inversiones de riesgo; planificar y promover el desarrollo, asegurando metas de expansión y mejoramiento de la calidad del servicio; garantizar adecuadamente la protección del medio ambiente; controlar la razonabilidad que debe existir entre la tarifa y la calidad de la prestación del servicio; y promover la investigación, desarrollo y producción de fuentes de energía no convencionales.


Cabe destacar que el proyecto prevé no sólo tarifas sociales y la obligatoriedad por parte de la empresa de transparentar toda la información, sino también derechos y obligaciones de los usuarios, entre los que se destaca el de recibir un suministro continuo y regular, independientemente de su ubicación geográfica; que se les facturen sus consumos sobre la base de valores realmente medidos, a intervalos de tiempo regulares y a precios no superiores a los que surgen de aplicar a dichos consumos; recibir las facturas por servicios, conteniendo la discriminación de los cargos y rubros que la integran con suficiente antelación a su vencimiento; ser informado en forma clara y precisa acerca de las condiciones de la prestación y de toda otra cuestión que surja mientras se realiza la misma; que se brinde a los reclamos un trámite diligente y responsable, y poder efectuarlos ante el Ente Único de Control cuando entienda que los mismos no hayan sido satisfechos en tiempo y forma.

Recordando el proceso que siguió la EPE en los últimos años y los planes de privatización, el Legislador provincial subrayó "el alto grado de indefensión" que tienen los usuarios ante los reiterados cortes de luz e inconvenientes cada vez que el servicio se ve sobreexigido. Por lo cual, el proyecto pretende "brindar un soporte legislativo para obtener una prestación acorde a los requerimientos de una Provincia en crecimiento, con un desarrollo equitativo y sustentable, con una adecuada relación entre la tarifa abonada y la calidad de producto recibido."


La segunda iniciativa de Ley de Marcucci apunta a ampliar la competencia del Enress al servicio energético, entre otros. El Ente Único de Control de Servicios Públicos Provinciales sería un organismo autárquico y descentralizado, con el objeto de resguardar los intereses de los ciudadanos respecto de los servicios públicos prestados en la provincia, por parte de la administración pública o concesionarios, incluso los de carácter nacional cuando tienen un impacto en el territorio. "Hoy no existe un ente autónomo por fuera de la EPE que le garantice a los usuarios ser escuchados", manifestó el Senador departamental.

Asimismo, según lo expresa la norma, "busca obtener garantías en la concurrencia de las mejores ofertas y la libre competencia en aquellos servicios en que la modalidad de la prestación lo admita, velar por el cuidado y la protección del medio ambiente, promover los mecanismos de tutela de los ciudadanos, estimular la participación ciudadana en la definición de políticas relativas a servicios públicos, como forma de planificación urbana, y promover la extensión de los servicios a las áreas urbanas en desarrollo."


Marcucci hizo referencia a que con la idea de convertir a la EPE en una Sociedad del Estado se busca darle mayor autonomía y eficiencia al funcionamiento de la empresa, estableciendo y garantizando los derechos del usuario, y hasta ampliando sus objetivos a las telecomunicaciones, como ya se está haciendo por ejemplo en Córdoba, especialmente para que pueda brindar servicios de internet.

"Entre otras cosas, la ventaja es que para contratar y realizar la gestión comercial se rige por el derecho privado, pero en lo laboral y los mecanismos de control, por el derecho público", concluyó el Senador por La Capital.