De no mediar sobresaltos, el Gobierno y Repsol continuarán esta semana la negociación iniciada el jueves pasado que contorneará cómo será la nueva YPF. Esta será la primera fase. Los negociadores de uno y otro lado manejan varias configuraciones pero evalúan que un camino acorta tiempos y reduce daños: una empresa mixta en la que el Estado tendrá una porción accionaria similar a la de Repsol que reducirá su participación, en la que no se descarta que la Nación capitalice aportando derechos sobre áreas a desarrollar, el ingreso a la sociedad de otras petroleras internacionales y de un pool de firmas nacionales que se harán socias de un gobierno que controlará un recurso escaso y estratégico. La familia Eskenazi fue declarada prescindible y su 25% de la compañía podría ser ocupado por otros privados. Fuentes cercanas a los accionistas del Banco de Santa Cruz afirman que no serán obstáculo en la negociación pero reclamarán una tasación justa de su parte en YPF.

Pero todo eso es secundario hoy para los negociadores, como también el rol de las provincias petroleras en el nuevo esquema, a pesar de ser las titulares de los recursos del subsuelo que es el pilar financiero para definir el conflicto.
“Las cosas parece que se encauzan”, dijo ayer el ministro de Industria de España, José Manuel Soria, sobre el conflicto entre el Gobierno argentino y Repsol.

La frase del funcionario de Mariano Rajoy que encabezó el viernes la avanzada diplomática de ese país para oponerse a la de la Casa Rosada que busca el control de la principal empresa de la Argentina fue interpretada por ejecutivos de esas firmas y funcionarios locales e ibéricos como la confirmación de que el gobierno de Cristina Fernández, a través del ministro de Planificación, Julio De Vido y el viceministro de Economía, Axel Kicillof, comenzó las negociaciones con Repsol, representada por su CEO, Antonio Brufau, que contornearán cómo será la nueva YPF.

PERFIL adelantó ayer que la negociación abierta el último jueves fue una de las causales por las que el Gobierno no anunció definición alguna sobre el futuro de la empresa, a pesar de que dejó trascender y convocó a funcionarios y empresarios para el pasado día 12 con ese fin.

A pesar de que en España se asegura que “está dando sus frutos” la ofensiva diplomática con la que respondió a la estrategia argentina de insinuar una expropiación, el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, ya había rechazado la propuesta de Kicillof de declarar sujeta a expropiación 50,01% de las acciones de la compañía, previendo las consecuencias negativas de una disputa con España.

Brufau permanecía ayer en Buenos Aires a la espera de la continuidad de las negociaciones cuyas reglas siguen el modelo K. El CEO de Repsol aterrizó en el país el lunes pasado y recién fue atendido el jueves con un pedido de máxima: que la empresa devuelva al país todos los dividendos que giró al exterior. La propuesta no parece ser la puerta al diálogo para los que no tienen ejercicio en negociaciones con el Gobierno. Para los empresarios que siguieron haciendo negocios en este ambiente es precisamente el puntapié de un partido complejo, pero un comienzo al fin.

El proceso terminó inclinando a la Presidenta por la postura de De Vido, moderada respecto de la de Kicillof. El ministro de Planificación sigue los lineamientos que a fines de 2011 planteó el ex ministro Roberto Dromi: YPF debe cambiar al modelo mixto de Brasil, en donde Petrobras es controlada por el Estado con participación privada (ver aparte).

A pesar de que ese modelo implica que Repsol no mantendrá el control absoluto de la compañía, la solución no causa sorpresa para Brufau, que negoció una sociedad con Evo Morales en la petrolera estatal boliviana, entre otros ejemplos. Al Gobierno le conviene la permanencia de Repsol en YPF para mostrar a otros inversores que tiene un socio privado reconocido.

Brufau, que aceptó el ingreso de los Eskenazi, tras negociar con Néstor Kirchner “porque tener acciones locales da mayor capacidad para negociar”, como afirmó en 2007 se concentrará en que sus accionistas queden conformes con la propuesta económica del Gobierno. Hay dos posibilidades no excluyentes: una es que el Estado capitalice a YPF con áreas off shore. También a que las principales petroleras globales, acostumbradas a negociar en países como Afganistán, no consideran el ambiente de negocios argentino más riesgoso que el de Africa y son tentadas por recursos como Vaca Muerta, un reservorio importante de gas en Neuquén. Entrar a YPF será clave para participar del negocio. Quedan como cabos sueltos los gobernadores de provincias petroleras (ver en página 24), que deberán esperar a que el Gobierno contornee con Repsol los espacios disponibles en la nueva YPF.



¿Mayoría a favor?

Ayer, la encuestadora OPSM, que conduce Enrique Zuleta Puceiro y trabaja habitualmente para el Gobierno, reveló un estudio que afirma que 48,7% de los consultados está de acuerdo “con la política del Gobierno nacional de presionar a YPF para que realice las inversiones necesarias”. Se le suma el 13,6% que se muestra “muy de acuerdo”.

El flamante trabajo dice también que el 44,9% prefiere “devolver la empresa al control del Estado argentino”, mientras que 28,8% prefiere “asumir la mayoría estatal en YPF con una participación privada minoritaria de capitales argentinos”.
El 57,2% opta “por profundizar la política de devolución de propiedad del gas y el petróleo a las provincias”, y el 22% a la Nación.