El Gobierno nacional puso en juego una de sus apuestas políticas y económicas más importantes desde el inicio de la gestión: la aprobación del Presupuesto 2026. La iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei, llegó al recinto de la Cámara de Diputados tras obtener dictamen de mayoría, aunque con disidencias incluso dentro de los bloques aliados, lo que anticipa un debate extenso y de resultado incierto.

De ser sancionado, el Presupuesto pondría fin a dos años consecutivos de prórrogas del último cálculo de gastos aprobado en diciembre de 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández. Para el oficialismo, se trata de un paso institucional clave para contar con una hoja de ruta propia y alineada con su programa de ajuste fiscal, desregulación y redefinición del rol del Estado.

En el plano macroeconómico, el proyecto prevé para 2026 un crecimiento del Producto Bruto Interno del 5%, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio oficial mayorista de $1.423 para diciembre. Estas estimaciones despertaron cuestionamientos de la oposición y del sector privado, que advierten que el dólar ya superó ese valor y que las proyecciones oficiales resultan más optimistas que las del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central.

Otro punto sensible es la balanza comercial. El Presupuesto proyecta que el déficit de bienes y servicios pasará de 2.447 millones de dólares en 2025 a 5.751 millones en 2026, un dato que genera interrogantes en un esquema económico que prioriza el equilibrio externo.

En materia de gasto social, el Gobierno sostiene que habrá incrementos reales selectivos: un 5% en jubilaciones, 17% en salud y 8% en educación. Para las universidades nacionales se prevén partidas por 4,8 billones de pesos. Sin embargo, el articulado introduce cambios estructurales que desataron fuertes rechazos. El artículo 75 propone derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, una decisión cuestionada por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Provincias Unidas y sectores dialoguistas.

A esto se suma la eliminación del mecanismo de actualización automática de la Asignación Universal por Hijo y de las asignaciones familiares. Según organizaciones especializadas, el cambio implica desligar estos beneficios de la movilidad jubilatoria, lo que podría afectar la protección del ingreso real de millones de hogares.

El capítulo educativo es uno de los más polémicos. El Presupuesto elimina la pauta legal que fija una inversión mínima del 6% del PBI para educación, reduce progresivamente el financiamiento en ciencia y tecnología y suprime el Fondo Nacional para las Escuelas de Educación Técnico Profesional. Informes de especialistas advierten que la participación de Educación y Cultura en el PBI caería al nivel más bajo de la última década, con impacto directo en salarios, infraestructura y programas estratégicos como el Plan Nacional de Alfabetización.

En el frente fiscal, el Gobierno proyecta un crecimiento real del 11% en la recaudación tributaria. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero estimaría ingresos por 90,3 billones de pesos en 2026. El IVA y el Impuesto a las Ganancias concentrarían la mayor parte de los recursos, mientras que se destaca un fuerte aumento real en los impuestos a los combustibles líquidos y a las emisiones de dióxido de carbono, tras la reactivación de actualizaciones postergadas.