La abogada Daniela Beglia, titular de las cátedras de Teoría Técnica Impositiva I y Régimen Tributario de la Facultad de Ciencias Económicas (UNL), analizó el impacto del nuevo régimen de "inocencia fiscal". Según la especialista, esta medida marca un "giro copernicano" en la relación entre el Estado y los contribuyentes al establecer una presunción de cumplimiento a favor del ciudadano.

La normativa introduce un cambio fundamental: el contribuyente pasa de ser considerado bajo sospecha a tener presunción de inocencia. "Se considera cumplidor al contribuyente, salvo que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) demuestre lo contrario", explicó Beglia. Esta medida busca incentivar que los ahorros no declarados se vuelquen a la actividad económica formal.

Para operativizar este beneficio, se creó un régimen de Declaración Jurada Simplificada de Impuesto a las Ganancias. Los puntos clave de este sistema son:

• Alcance: Personas humanas residentes con ingresos gravados o exentos de hasta 1.000 millones de pesos.
• Patrimonio: El umbral de bienes (en el país o exterior) debe ser inferior a los 10.000 millones de pesos.
• Exclusión: No podrán acceder quienes califiquen como grandes contribuyentes.

Funcionamiento y fiscalización

A diferencia del régimen común, en esta declaración simplificada no se informa el patrimonio ni se deben justificar los cambios patrimoniales del ejercicio. "Es beneficioso para quienes quieran comprar un auto o un inmueble con dólares que no tenían declarados", señaló la experta, aclarando que, aunque se derogaron ciertos regímenes de información de escribanos y concesionarias, el fisco aún posee datos a través de bancos y billeteras virtuales.

La presunción de certeza de la declaración jurada solo se romperá si ARCA detecta "discrepancias significativas", definidas por ley como diferencias mayores al 15 % en el impuesto determinado.

Prescripción y Ley Penal Tributaria

La ley también introduce modificaciones de fondo en los plazos legales y sanciones:

• Reducción de prescripción: Los plazos bajan de 5 a 3 años, invitando a las provincias a adoptar regímenes similares.
• Umbrales de punibilidad: Se elevó el monto para iniciar denuncias penales de 1,5 millones a 100 millones de pesos. Este valor se actualizará anualmente a partir de 2027 mediante el índice UVA.

Finalmente, Beglia advirtió que, aunque la opción ya está disponible, muchos contribuyentes esperan la reglamentación final del Poder Ejecutivo y del Banco Central para proceder. "No es un blanqueo estrictamente técnico, sino una simplificación que busca centralizar la fiscalización en las grandes operaciones", concluyó.