Qué establece la Justicia santafesina para los menores que cometen crímenes

La justicia santafesina tiene distintas normas para los mayores y menores de 16 años. En el caso de Jeremías Monzón, los implicados son un joven de 14 años y una adolescente de 16.

Dos menores de edad, de 14 y 16 años, están siendo investigados por el violento crimen de Jeremías Monzón. Este lunes, fueron imputados en los tribunales santafesinos y se decide su futuro procesal.

Al respecto, en diálogo con LT10, el Dr. Néstor Oroño, reconocido especialista en derecho penal, explicó que el camino legal que enfrentan los jóvenes involucrados en el homicidio de Jeremías está marcado por una estricta diferenciación basada en la edad y en la normativa nacional de fondo.

En el caso del joven de 14 años implicado, el letrado aclaró que, por imperio de las leyes nacionales 22.278 y 22.803, no posee responsabilidad penal. No obstante, el nuevo código santafesino permite una intervención que no busca el castigo, sino la protección y la justicia restaurativa a través de medidas socioeducativas aplicadas en instituciones especializadas. Por el contrario, la adolescente de 16 años sí es imputable por delitos graves como el homicidio, aunque su proceso se rige por un principio de especialidad que exige un tratamiento tutelar previo a cualquier condena.

Crimen de Jeremías Monzón: imputan a dos menores

Este sistema especializado requiere que jueces, fiscales y defensores posean formación técnica en minoridad y que el alojamiento de los jóvenes se realice en establecimientos específicos, ya sean de régimen abierto o cerrado.

Según detalló Oroño, la ley establece que solo una vez que el imputado cumple los 18 años el tribunal queda habilitado para imponer una pena, siempre y cuando evalúe que el tratamiento previo no ha sido suficiente para su reinserción.

Finalmente, el abogado analizó el entorno cercano de los menores y cuestionó la posibilidad de que sean restituidos a sus familias durante el proceso. "Nadie se cura con lo que lo enfermó", sentenció Oroño, sugiriendo que la gravedad del hecho indica un déficit en el ámbito familiar de origen. Por este motivo, estimó que los magistrados optarán por mantener a los jóvenes en instituciones vigiladas que garanticen tanto su tratamiento como la seguridad de terceros, priorizando el sentido común ante la naturaleza del delito cometido.

Audio: Néstor Oroño, abogado especialista penal

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