El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, destacó hoy los sistemas de selección de miembros del Poder Judicial, magistrados y funcionarios de las nuevas instituciones de la justicia penal, quienes deben pasar por un riguroso concurso público de antecedentes y oposición antes de ser propuestos por el Ejecutivo a la Legislatura. “A diferencia de lo que sucedió a partir del advenimiento de la democracia, donde se elegían jueces a dedo o entre cuatro paredes, y a pesar de que es una facultad constitucional del gobernador proponer a los magistrados, éste se ha autolimitado y se previeron procesos de selección transparentes y con participación ciudadana, lo que representa un avance institucional inédito para la provincia”, afirmó el ministro.

Lewis formuló estas declaraciones en el marco de la Asamblea Legislativa que sesionó hoy en Santa Fe y que trató 17 pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes de magistrados de primera instancia (cargos definitivos y subrogantes), quienes habían atravesado todas las etapas previstas por el Consejo de la Magistratura; y para cubrir un cargo en el Ministerio Público de la Acusación. De los 17 pliegos, cuatro fueron rechazados.

“Los sistemas de selección son transparentes, prevén instancias de participación ciudadana, objeciones, impugnaciones, y jurados elegidos por sorteo a partir de las listas que envían los Colegios de Abogados y de Magistrados y las universidades”, recordó Lewis, quien hizo hincapié en la defensa de los procedimientos diseñados a partir de la autolimitación que el gobernador decidió realizar para el ejercicio de la facultad atribuida por el artículo 86 de la Constitución Provincial. “Defendemos el mecanismo, no los nombres que surgen, porque es novedoso, superador, y porque fija los criterios para ocupar un cargo en el Poder Judicial”, agregó, subrayando que “se trata de parámetros objetivos y no de fórmulas arbitrarias, caprichosas o que obedezcan a otros intereses”.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos opinó que si bien la Asamblea Legislativa no tiene obligación legal de justificar el rechazo a un pliego, “sería importante desde el punto de vista republicano que así lo hiciera ya que todos los funcionarios deben dar cuenta de sus actos de gobierno”.

Para finalizar, el funcionario puntualizó que lo que se busca desde el Poder Ejecutivo es “que los mejores hombres y mujeres ocupen los cargos para garantizar así la calidad del servicio de justicia y en ese sentido podemos dar cuenta con total claridad de cuáles son los criterios que tomamos desde el Ejecutivo para postular un candidato a cubrir un cargo de juez”.

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

En el mecanismo de selección de magistrados fijado por el Consejo de la Magistratura los postulantes deben demostrar su idoneidad técnica así como su compromiso con el respeto de los principios republicanos. Los jurados no están determinados de antemano sino que son elegidos por sorteo, con una integración plural, y publicidad en todas las etapas del procedimiento.

Este diseño fue una de las primeras decisiones del ex gobernador Hermes Binner en diciembre de 2007 y significó una novedad sin precedentes en la provincia, a lo que se agrega que los concursos se realizan en la circunscripción judicial donde se produjo la vacante y que tanto vecinos como organizaciones intermedias pueden formular preguntas a los candidatos.

El concurso se estructura en tres ejes. En primer lugar, un comité evaluador que no integran ni el Poder Ejecutivo ni la Corte Suprema evalúa el aspecto técnico: tras el análisis de los antecedentes y una prueba de oposición, surge una terna. Luego hay un examen psicotécnico, destinado a conocer el equilibrio emocional del postulante, y por último entrevistas públicas con participación ciudadana a los fines de la evaluación del compromiso de los aspirantes con el estado de derecho, los principios constitucionales y el servicio de justicia. El comité entrevistador, por su parte, no puede modificar la terna sino sólo, y de manera fundada, el orden de mérito. Los jurados son elegidos por sorteo público para cada concurso, de listas que previamente envían instituciones relacionadas con el quehacer judicial (fueron invitados a enviar las listas el Colegio de Abogados, el Colegio de Magistrados y universidades públicas) y además está previsto el mecanismo de la impugnación.

Se trata de un modelo complejo, que presupone mayor desarrollo y despliegue territorial para ponerlo en práctica, pero cuya productividad superó a la del Consejo de la Magistratura del período 2003-2007. Los datos actualizados del funcionamiento del órgano y todos sus antecedentes pueden ser consultados en tiempo real por los ciudadanos en www.consejomagistratura.santafe.gov.ar.

NUEVA JUSTICIA PENAL

Para ocupar los cargos del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público Provincial de la defensa penal se previó un proceso de selección inédito, que comenzó por las máximas autoridades (fiscal general y fiscales regionales y defensor provincial y defensores regionales). En el marco del concurso de antecedentes y oposición, los candidatos debieron exponer y defender en audiencia pública –con participación ciudadana– un plan de trabajo presentado previamente. Los tribunales evaluadores estuvieron conformados por expertos locales designados por sorteo -de las universidades nacionales con asiento en la provincia y de los colegios de abogados-, por fiscales y defensores de otras provincias y por referentes de organismos internacionales.

Los concursos, establecidos en el decreto N° 346/10, comenzaron a celebrarse en septiembre de 2010 y contemplaron la presentación de objeciones e impugnaciones. El Poder Ejecutivo no formó parte de los jurados, sólo tenía la presidencia sin voto a los fines de ordenar el proceso.