El debate sobre la edad de imputabilidad volvió a instalarse con fuerza en la agenda pública. Casos recientes que involucran a menores en hechos delictivos reactivaron una discusión que atraviesa a la Justicia, al Poder Legislativo y a la sociedad, con posiciones encontradas entre quienes reclaman penas más duras y quienes advierten sobre la necesidad de un abordaje integral.

En este contexto, el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde —uno de los nombres propuestos por el gobernador Maximiliano Pullaro para integrar la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe—, aportó su mirada en diálogo con LT10. Basado en su experiencia judicial, el magistrado analizó la responsabilidad penal y el rol del Estado.

Alurralde sostuvo que la edad de imputabilidad "es un tema que hay que abordar", aunque aclaró que la definición de la edad precisa es tarea del legislador. En ese marco, remarcó que el derecho argentino ya reconoce el principio de autonomía progresiva: "A partir de los 18 años no es que uno adquiere todas las capacidades o comienza a comprender la criminalidad de sus actos de un día para el otro; se trata de una cuestión progresiva", explicó.

Para fundamentar su postura, recordó que los jóvenes de 16 y 17 años ya tienen derecho a votar y mencionó leyes como la de Identidad de Género, que habilita decisiones relevantes antes de la mayoría de edad. "Esto tiene que llegar al derecho penal. El grado de madurez actual no es el mismo que cuando se redactó la ley vigente, que tiene más de 30 años", afirmó.

"El encierro no reeduca"

Sin embargo, el juez advirtió que la discusión no puede reducirse únicamente a la privación de la libertad. "No se trata solo de poner en situación de encierro a una persona. El encierro por el encierro mismo, según la experiencia, no reeduca", sentenció. En ese sentido, planteó que cualquier reforma debe incluir políticas estatales de asistencia social, tratamientos terapéuticos y reinserción.

Para graficar las falencias del sistema actual, Alurralde compartió el caso de un joven que volvió a delinquir tras pasar años en prisión: "Después de cuatro años detenido, seguía siendo analfabeto. Eso evidencia que el sistema no supo o no le dio la oportunidad de educarse".

El derecho de las víctimas

Respecto de las iniciativas legislativas, el abogado lamentó que no se haya avanzado en proyectos que proponían bajar la edad de imputabilidad a los 14 años con un esquema de penas alternativas. Detalló que dichas propuestas preveían reemplazar la prisión por otras medidas, siempre que no existiera muerte, violencia grave ni antecedentes, poniendo el foco "en la conducta y la gravedad del daño, más que en la edad".

Finalmente, Alurralde hizo hincapié en un aspecto que considera central: el rol de las víctimas. "¿Qué le decimos a las víctimas? Durante años estuvieron olvidadas en la Argentina", planteó. Sostuvo que el nuevo enfoque del Código Penal debe atender sus derechos: "No buscan lástima, buscan algo muy sencillo: justicia".