En poco más de una semana vence el plazo fijado por la Justicia para que el Gobierno nacional aplique la ley de emergencia en discapacidad, sancionada por el Congreso y aún incumplida por el Poder Ejecutivo. La fecha fue establecida por el juez federal de Campana, Adrián González Echarvay, luego de reiteradas presentaciones judiciales y respuestas consideradas “dilatorias” por parte del Estado.

En ese contexto, Mariela Peña, abogada especialista en derechos de las personas con discapacidad y titular de la organización Incluime, advirtió que la situación del sector sigue siendo “crítica” y que, más que expectativas, las entidades se mantienen “en alerta permanente”.

“La fe nunca se pierde, pero las expectativas con este Gobierno nunca fueron positivas”, sostuvo Peña, quien integra uno de los amparos judiciales que derivaron en la sentencia. Según explicó, el fallo original es de mediados de diciembre y durante enero el juez habilitó la feria judicial ante el incumplimiento sistemático del Ejecutivo. “Después de 30 días de escritos, el juez fue claro: el 4 de febrero se vence el plazo y tienen que arbitrar los medios para cumplir la ley”, señaló.

Rechazo a la nueva Secretaría

En las últimas horas, el Gobierno nacional anunció la creación de una Secretaría de Discapacidad dentro del Ministerio de Salud, una decisión que lejos de generar alivio fue recibida con fuertes críticas por parte de las organizaciones del sector.

“No estamos de acuerdo con esta secretaría. Responde a un modelo médico hegemónico y no al modelo social de la discapacidad”, afirmó Peña. Además, denunció la falta de diálogo con las organizaciones especializadas y la ausencia de una mirada federal. “Las decisiones se siguen tomando detrás de un escritorio. No es lo mismo hablar de discapacidad en Santa Fe capital que en el norte de la provincia, en Chaco, Formosa o Santa Cruz”, remarcó.

Instituciones al borde del colapso

Mientras la definición judicial se acerca, la realidad cotidiana de las instituciones y prestadores se agrava. Peña detalló que muchas prestaciones aún no comenzaron en 2026, que hay servicios de transporte suspendidos por el aumento de costos y que numerosas ONG sobreviven con rifas, bingos o venta de productos.

“Hay instituciones que directamente no arrancaron este año y otras que tuvieron que cerrar. Ya hablamos de más de 60 instituciones cerradas en todo el país, equipos interdisciplinarios que dejaron de funcionar y personas con discapacidad que hoy no reciben atención”, advirtió.

La crisis también golpea de lleno a los trabajadores del sector: sueldos impagos o abonados en cuotas, aguinaldos adeudados y despidos. “Esto no afecta solo a las personas con discapacidad, sino también a las familias de los trabajadores y a instituciones que llevan décadas sosteniendo estas prestaciones”, subrayó.

Qué cambiaría si se aplica la ley

Según explicó Peña, la puesta en vigencia de la ley de emergencia implicaría una actualización inmediata de los aranceles de alrededor del 70%, considerada una recomposición histórica tras años de atraso. Además, la norma establece un mecanismo de actualización automática por IPC, lo que evitaría congelamientos prolongados como el ocurrido durante todo 2025.

“Sería un verdadero oxígeno para el sistema y permitiría garantizar las prestaciones”, sostuvo la abogada, quien insistió en que hoy hay servicios suspendidos y prestadores que no pudieron retomar su actividad.

Un problema institucional

Peña también recordó que la Justicia ya falló en contra del Gobierno nacional en tres oportunidades: por la auditoría irregular de pensiones, por la emergencia en discapacidad y por el acceso a las pensiones, ya que desde hace dos años no se habilitan nuevas altas.

“Esto ya no es una discusión ideológica. Hay una ley sancionada, una sentencia judicial y un plazo concreto. Cumplir la ley es una obligación básica del Estado”, concluyó. “Si desde la cabeza no se respetan los poderes Legislativo y Judicial, después no puede sorprender que el sistema entero entre en crisis”.

Audio: