El gobierno de España promulgó, de manera inesperada, un decreto que ofrece a cientos de miles de migrantes indocumentados una vía para salir del limbo legal; la medida posiciona al país en un contraste con muchos países que en todo el mundo han endurecido cada vez más su postura frente a la migración ilegal.

La decisión permitirá que las personas que ya viven en España de manera indocumentada soliciten permisos de residencia temporal. El gobierno socialista del presidente Pedro Sánchez calificó la medida de crucial para España, un país donde la mano de obra migrante desempeña un papel clave en la agricultura, el turismo y otros sectores.

Elma Saiz Delgado, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dijo en una conferencia de prensa el martes que la medida tendría un impacto “en nuestra convivencia, en el bienestar y también en la economía”.

Los partidos de la oposición criticaron de inmediato el decreto, y una formación de extrema derecha prometió impugnar ante los tribunales.

La medida, anunciada el martes, va a contracorriente de muchos gobiernos en Norteamérica y Europa, que —a menudo presionados por partidos populistas de extrema derecha— han tomado medidas enérgicas contra la inmigración ilegal en los últimos años.

En Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump está llevando a cabo una amplia y agresiva campaña para detener y deportar a millones de personas. El Reino Unido ha puesto en marcha normas más estrictas para los refugiados; Grecia impone ahora penas de prisión a los migrantes que se queden en el país tras ser rechazadas sus solicitudes de asilo; e Italia quiere retener a los solicitantes de asilo en Albania mientras se tramitan sus casos, incluso a pesar de la dura oposición legal.

España, en cambio, ha acogido a los inmigrantes, especialmente a los latinoamericanos que hablan el mismo idioma, comparten su religión y comprenden su cultura; activistas afirman que esa cálida acogida no siempre se ha extendido a muchos africanos.

Y el gobierno español ha externalizado el control migratorio, brindando equipos policiales, tecnología y capacitación a países como Marruecos y Mauritania para que sus autoridades devuelvan a los inmigrantes procedentes de África.

Aun así, el decreto se fundamenta en los intentos de España de presentarse como un referente para los inmigrantes.

“En el contexto internacional actual, donde los discursos antimigratorios han ido ganando fuerza, la decisión del gobierno en España abre la línea del contrapeso a esta tendencia”, dijo Cecilia Estrada Villaseñor, investigadora del Instituto de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid.

España no publica cifras oficiales sobre el número de personas migrantes que viven en el país indocumentadas, pero estimaciones de instituciones como Funcas, un centro de estudios económicos, sugieren que la cifra podría oscilar entre medio millón y un millón. La población total de España es de casi 50 millones de personas.