El anuncio del gobernador Maximiliano Pullaro en la apertura de sesiones ordinarias sobre el fin del aporte solidario volvió a poner en agenda el futuro de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia. El tema es sensible por su impacto en más de 100.000 beneficiarios y en las cuentas públicas. La discusión define cómo se financia uno de los sistemas con mejores haberes del país y qué margen tiene la provincia para sostenerlo sin transferirlo a la órbita nacional.

En diálogo con LT10, el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, sostuvo que al asumir la gestión encontraron un sistema con un déficit creciente mes a mes, lo que obligó a una reforma para evitar medidas drásticas.

La provincia descartó transferir la Caja a la Anses y optó por modificar el régimen. Según detalló Boasso, la reforma de la ley previsional permitió «reducir el déficit a la mitad», aunque aclaró que el equilibrio total habría requerido decisiones «mucho más extremas» que se prefirió no tomar.

El fin del aporte solidario

Dentro del paquete de medidas se incluyó el aporte solidario, un descuento progresivo que alcanzaba a las jubilaciones más altas y que ahora dejará de aplicarse. «Se estableció por un tiempo determinado y era solidario porque se le pedía un mayor esfuerzo al que más ganaba; los que cobraban hasta tres haberes mínimos quedaban exentos», recordó el funcionario.

El esquema llegaba al 6 % para haberes superiores a los siete millones de pesos y generó resistencias en los sectores de mayores ingresos. «Quienes deben dar el ejemplo empezaron a tirar piedras al sistema», lanzó Boasso al mencionar los amparos judiciales presentados por exjueces y exlegisladores.

La decisión de no prorrogar este aporte se complementa con otro cambio: la reducción de 60 a 30 días en el plazo para trasladar los aumentos salariales de los activos a los pasivos. Boasso explicó que el desfase anterior respondía a que los ingresos por aportes llegan con demora, pero que ahora la provincia volverá a cubrir ese bache con recursos propios.

La deuda de Nación

Pese a la mejora en los números, la Caja seguirá siendo deficitaria. La razón, según planteó el secretario, es externa: «El presidente de la Nación no paga lo que debe». Aseguró que la deuda acumulada supera los dos billones de pesos y que las transferencias mensuales por ley no se realizan desde hace años.

Estimó que la Nación debería enviar entre 20.000 y 25.000 millones de pesos mensuales, mientras que el déficit del sistema durante 2025 fue de 311.000 millones. Actualmente, ese faltante lo cubre la provincia. «El gobernador tomó la decisión política de bancar la Caja a muerte», remarcó.

La disputa se tramita en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras tanto, la administración provincial defiende la reforma como el camino para preservar un régimen que paga haberes superiores al promedio nacional. «El sistema jubilatorio de Santa Fe es uno de los mejores del país», insistió Boasso, enmarcando las nuevas medidas como señales de mejora tras el ajuste inicial.

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