La Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) expresó su “profunda angustia” por la actualidad de la industria nacional. Aseguró que las pymes atraviesan un escenario crítico que pone en riesgo su continuidad, debido a la caída del consumo y al aumento de los costos de producción en el país.

Desde la entidad advirtieron que el impacto ya no se limita a las pequeñas empresas. Señalaron que las dificultades de las grandes compañías son una señal de alarma para toda la cadena productiva, ya que cuando las firmas de mayor escala entran en crisis “se compromete la supervivencia del entramado pyme”.

El comunicado también planteó cuestionamientos al vínculo entre el Gobierno nacional y el sector industrial, al que acusaron de mantener una relación de confrontación. Según la organización, el actual esquema económico, sumado a la facilitación de importaciones y al denominado “costo argentino”, genera un escenario que asfixia tanto a la producción como al comercio.

Uno de los ejes más críticos del documento se vincula con la competencia de las plataformas extranjeras de venta en línea. Las pymes sostienen que operan en condiciones desiguales, ya que estas plataformas no afrontan las mismas cargas impositivas ni regulatorias que los comercios locales.

En paralelo, la CGERA puso el foco en el debate por la Ley de Modernización Laboral y cuestionó que no se haya convocado a jueces del sector para analizar el alcance de la normativa. Para la confederación, la falta de esa mirada genera incertidumbre sobre cómo serán interpretados los más de 200 artículos del proyecto.

En ese punto, el documento plantea una fuerte crítica al funcionamiento del fuero laboral. Si bien reconoce el carácter protector del derecho del trabajo, advierte que en muchos casos se desvirtúa el principio de imparcialidad y se invierte la carga de la prueba, lo que deja a las pymes en desventaja al momento de afrontar un juicio.

La entidad remarcó que la modernización del sistema no debería limitarse a la sanción de nuevas leyes, sino incluir una revisión del funcionamiento judicial para garantizar “reglas claras” y previsibilidad para quienes generan empleo.

Para la CGERA, sin un cambio en las condiciones económicas y en el marco laboral, el proceso continuará con cierres silenciosos de empresas, pérdida de puestos de trabajo y el debilitamiento del tejido productivo.