En el marco de la causa que investiga las estafas atribuidas al hombre conocido coloquialmente como el "Gigoló de Santo Tomé", se llevó adelante una audiencia clave para el futuro patrimonial de las damnificadas. El abogado querellante, Agustín Márquez, solicitó el cese del estado antijurídico, una medida cautelar que busca frenar el perjuicio económico que aún sufren las víctimas.

En diálogo con LT10, Márquez —quien representa a dos de las víctimas— explicó que la medida pretende que las entidades bancarias dejen de descontar montos significativos de los haberes de su representada. Según la imputación, el acusado habría solicitado préstamos a nombre de la mujer utilizando sus datos personales de forma fraudulenta.

"Es una medida con esencia de cautelar. Solicitamos que se le deje de descontar un monto que ya lleva más de un año afectando su salario y que se la quite de la condición de deudora en el Veraz y en la Central de Deudores", detalló el letrado.

La resolución de esta audiencia es fundamental, ya que sienta un precedente en la provincia respecto a la protección del patrimonio de las víctimas de estafas. "Esta medida tiende a proteger no solo la integridad del proceso, como ocurre con la prisión preventiva del imputado, sino también el patrimonio que se vio afectado", remarcó Márquez.

La querella solicitó la presencia de los representantes legales de los bancos involucrados para garantizar el derecho de defensa. Sin embargo, el abogado se mostró escéptico ante la posibilidad de un acuerdo inmediato: "La víctima intentó agotar la vía civil previamente sin éxito, por lo que ahora recurrimos a esta instancia judicial".

El perjuicio económico para la mujer representada por Márquez asciende aproximadamente a los 5 millones de pesos. El impacto es tal que, según el abogado, la víctima percibe actualmente casi la mitad de su sueldo debido a los descuentos automáticos.

"Más allá de lo económico, que es considerable, esto le ha generado una afección significativa a nivel psicológico y social, tal como ella misma lo ha manifestado en las audiencias anteriores", concluyó el querellante.

Luego de la audiencia, la fiscal Yanina Tolosa explicó que el juez se expresó a favor del cese del estado antijurídico, que significa poner fin al descuento de un crédito a una de las víctimas: "Se le va a dejar de descontar mensualmente el costo de dinero que llega a la mitad de su sueldo".

En este caso es la situación a favor de una de las víctimas y de un solo banco.

Además, anticiparon que se esta por imputar al acusado de dos casos más que elevaría el número de víctimas a seis.

Audio: Agustín Márquez, abogado querellante

Audio: Yanina Tolosa, fiscal