En diálogo con la prensa, Pablo Cococcioni, ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Santa Fe, explicó que el despliegue policial hoy se rige por el sistema 911 y mapas de delito, lo que requiere una estructura distinta a las jurisdicciones fijas de comisarías y subcomisarías. "Vamos a un modelo donde el policiamiento urbano ya no está tan anclado en las viejas jurisdicciones. El sistema de comisarías está rebalsado por la operatividad", señaló el ministro.

El funcionario destacó que este proyecto incluye el concepto de "bienestar policial". Las nuevas estaciones contarán con áreas de entrenamiento, descanso, cocina y dormitorios. "Son edificios preparados para asistir al despliegue operativo y brindar todos los servicios que requiere el personal, algo muy difícil de cumplir con la masividad de agentes que tenemos hoy en las comisarías actuales", afirmó.

Respecto al avance de las obras, Cococcioni indicó que hay dos estaciones en construcción y una tercera, ubicada en el Parque Federal, con un avance importante. "Al término de la gestión, esperamos tener al menos dos terminadas y una puesta en marcha progresiva que permitirá reasignar zonas de responsabilidad. El salto de calidad será percibido desde el primer día", aseguró.

Baja de imputabilidad y sistema penitenciario

Consultado sobre la posible sanción de la "Ley Jeremías" a nivel nacional y la baja de la edad de imputabilidad, el ministro sostuvo que la provincia ya está preparada. "En nuestro sistema penitenciario tenemos la posibilidad de segmentar poblaciones por grupos etarios para no mezclar a menores con mayores", explicó.

Además, informó que se están generando más de 7.000 nuevas plazas carcelarias, incluyendo ampliaciones en Recreo y Rosario. Esto permitiría una reorganización de la población penal que hoy se encuentra distribuida de forma desigual en unidades como la de Coronda.

Finalmente, el titular de la cartera de Seguridad ratificó su postura sobre la delincuencia juvenil en delitos graves: "Para nosotros, los homicidios cometidos por menores deberían habilitar un tratamiento penal y penitenciario prácticamente igual al de los adultos".