El Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación llevaron adelante este martes un nuevo derribo de un punto de venta de estupefacientes en calle Garibaldi al 200, en la zona sur de Rosario. El operativo fue supervisado por el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, junto a la fiscal del MPA, Brenda Debiasi.

Se trata del búnker número 109 inactivado en la provincia desde la sanción de la Ley de Microtráfico, aprobada a fines de 2023 y promulgada en 2024. La medida forma parte de una estrategia orientada a desarticular estructuras de narcomenudeo y reducir los focos de violencia asociados.

En el lugar, Pereira sostuvo que el procedimiento “consolida el trabajo conjunto con el MPA para combatir la violencia que generan estos espacios ilegales”, y remarcó que las intervenciones permiten “recuperar la tranquilidad en los barrios”.

Por su parte, la fiscal Debiasi explicó que la investigación comenzó en septiembre del año pasado y abarcó distintos sectores del barrio Tablada. “Se identificó una organización integrada por al menos 15 personas que operaban de manera coordinada en la venta de estupefacientes y en hechos de violencia vinculados al control territorial”, indicó.

Según precisó, a los integrantes de la banda se les atribuyen al menos cuatro balaceras, una de ellas con personas heridas. En los allanamientos se secuestraron dos armas de fuego, aproximadamente un kilo de cocaína fraccionada, más de 6 millones de pesos, una máquina contadora de billetes, balanzas y otros elementos de interés para la causa.

Debiasi agregó que la organización tenía como principal referente a una mujer conocida como “La Picota”, ya imputada, con vínculos familiares con otras personas detenidas por hechos violentos.

El punto de venta fue localizado a partir de tareas de inteligencia e intervenciones telefónicas realizadas junto a la Policía de Investigaciones (PDI). Además, se estableció su conexión con otro búnker cercano, también derribado, que operaba bajo la misma estructura criminal.

Los operativos de inactivación de búnkeres se desarrollan desde principios de 2024 mediante un trabajo coordinado entre el gobierno provincial, el MPA, la Justicia, la Policía de Santa Fe, fuerzas federales y gobiernos locales, con el objetivo de desarticular el narcomenudeo y reducir la violencia en el territorio.