La preocupación por posibles denuncias falsas de abuso infantil crece en Santa Fe y la zona, al punto de que la Corte Suprema provincial ya convocó a distintos actores judiciales para analizar la problemática. El eje está puesto en una serie de casos donde los padres denuncian haber sido apartados de sus hijos a partir de informes psicológicos que ahora están bajo sospecha.

En este contexto, la palabra de José Nani, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, suma un elemento clave para entender la dimensión del caso. En diálogo con LT10, detalló cómo se originó una investigación que hoy apunta a tres profesionales y a una posible red organizada.

Según reconstruyó, todo comenzó tras un juicio oral en el que un hombre fue absuelto luego de haber sido acusado de abuso contra su hija. “Este muchacho fue acusado de haber abusado sexualmente de la hija… y luego del debate el juez dicta su absolución por entender que no había cometido ilícito alguno”, relató, marcando el punto de partida.

A partir de ese caso surgieron dudas sobre el rol de una psicóloga que había intervenido en el proceso. El dato no quedó aislado. “Cuando empezamos a cotejar los informes… eran idénticos: los mismos comportamientos, las mismas reacciones, las mismas frases”, describió, en referencia a distintos expedientes.

El patrón, según explicó, se repetía en varios casos relevados: “Las frases que supuestamente decían estos niños coincidían con las que dijeron otros niños en otras causas”. Se trataba, además, de situaciones especialmente sensibles con menores de muy corta edad. “Estamos hablando siempre de niños o niñas de tres, cuatro o cinco años”, precisó.

Inconsistencias en los informes

Uno de los puntos más llamativos, según el abogado, aparece al contrastar esos informes con otras instancias judiciales. “Cuando los entrevistaban psicólogos especialistas del MPA o en Cámara Gesell, los niños no decían absolutamente nada de lo que las psicólogas habían dicho”, afirmó. Incluso, en algunos casos, los menores expresaban el deseo de volver a ver a sus padres.

Frente a estas inconsistencias, el planteo va más allá de una posible negligencia profesional. “No estamos hablando de mala praxis; estamos hablando de una intención deliberada de fraguar los informes”, sostuvo, y agregó que el objetivo habría sido “la separación de los padres de sus hijos a cambio del pago de una suma de dinero”.

Las consecuencias, remarcó, son profundas y difíciles de revertir. “Un padre deja de ver siete años a su hija… la cabeza de ese nene o esa nena está ya dañada”, planteó en relación al impacto emocional en los menores.

La denuncia presentada incluye delitos graves como asociación ilícita, corrupción de menores y estafa procesal. Sin embargo, el avance de la investigación genera preocupación en el sector. “No vemos un avance importante del lado de la Fiscalía”, advirtió, y anticipó que evalúan nuevas medidas ante la repercusión pública del caso.

En paralelo, evitó por ahora apuntar contra las madres denunciantes. “No contamos con evidencia que sostenga una complicidad”, aclaró, y consideró que muchas podrían haber actuado bajo shock o mal asesoramiento. “La responsabilidad debe caer sobre los profesionales”, sostuvo.

El caso ya trasciende a Rosario y suma elementos en otras jurisdicciones. “Estamos encontrando denominadores en común… hemos recibido numerosos mensajes”, señaló, en referencia a situaciones similares en distintas ciudades.

Audio: Jose Nani, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario