La tensión del mercado de alquileres en Argentina suma un nuevo capítulo con datos que profundizan un escenario ya complejo: el 70% de los inquilinos tiene deudas en un contexto donde cada vez cuesta más sostener el pago mensual. La última encuesta nacional elaborada por Inquilinos Agrupados reflejó que el problema habitacional dejó de analizarse de forma aislada: el deterioro del salario y el empleo pasó a ocupar el primer lugar entre las preocupaciones, en un contexto donde el acceso a la vivienda se agravó en los últimos tiempos.

Para los inquilinos, si bien la oferta muestra cierta recomposición respecto de períodos anteriores, los costos de ingreso y mantenimiento del hogar resultan cada vez más exigentes. A los valores iniciales de alquiler se suman depósitos, garantías y gastos administrativos, mientras que las expensas se consolidan como un componente central del gasto mensual: en la Ciudad de Buenos Aires promedian los $250.000, y en la provincia de Buenos Aires se ubican entre $180.000 y $250.000.

En paralelo, aunque reaparecieron opciones de financiamiento como los créditos UVA (y el año pasado se otorgaron 44.000 en el país), el contexto de ingresos debilitados y gastos corrientes en alza vuelve difícil sostener la economía diaria del hogar.

Salarios en retroceso y alquileres en alza

Por primera vez, el salario (96,4%) y el empleo (94,6%) superan a la vivienda (94,3%) en el ranking de inquietudes. El cambio no resulta menor. Marca un corrimiento del eje: ya no se trata solo del precio del alquiler, sino de la pérdida de capacidad real de pago.

En ese sentido, Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, planteó que “pisar las paritarias de los trabajadores inquilinos tiene consecuencias graves en un contexto donde el alquiler aumenta trimestralmente”.

Y agregó: “aparece la preocupación sobre salarios que cada vez alcanzan para menos, en un país que ‘no tiene inflación, pero todo aumenta”.

El informe también pone cifras concretas a la presión sobre los ingresos:

Solo un tercio de los inquilinos destina menos del 30% de su salario al alquiler.

Otro tercio utiliza alrededor del 50%.

El segmento más golpeado asigna entre el 60% y el 100% de sus ingresos mensuales.

Este nivel de sobrecarga convive con un esquema de ajustes frecuentes:

El 70% de los contratos registra aumentos cada tres o cuatro meses.

La dinámica impide previsibilidad en la economía del hogar.

Las subas terminan por licuar cualquier recomposición salarial.

Desde la organización advierten que no hay medidas en el corto plazo que modifiquen este escenario. “No hay política durante el gobierno de Javier Milei que pueda revertir esta situación. Lo primero que debe suceder es que gobierne un partido que priorice a los trabajadores y el acceso a la vivienda”, sostuvo Muñoz. En esa línea, planteó la necesidad de una regulación de precios como punto de partida para revertir la desigualdad actual.

Desplazamiento, pluriempleo y deuda estructural

La encuesta también da cuenta de un fenómeno cada vez más extendido: el desplazamiento forzado. El 17,2% de los inquilinos tuvo que mudarse por no poder afrontar el alquiler.

El dato escala en distintas jurisdicciones:

Neuquén: 33,3%.

Córdoba: 23,1%.

Provincia de Buenos Aires: 20,2%.

Santa Fe: 11,9%.

CABA: 9,4%.

Este proceso configura lo que desde el sector definen como “desalojo económico”, donde la imposibilidad de pago reemplaza a los mecanismos formales de expulsión.

En paralelo, la situación laboral agrega presión:

El 46% de los inquilinos tiene más de un empleo.

El 14% perdió algún trabajo.

El 30% sumó nuevas actividades para sostener ingresos.

El pluriempleo aparece como una estrategia defensiva frente al encarecimiento sostenido del costo de vida. Sin embargo, incluso con más horas de trabajo, el equilibrio no llega.

El endeudamiento se consolida como una herramienta de subsistencia:

El 70,9% de los inquilinos registra deudas activas.

El 53,2% tomó crédito para comprar alimentos.

El 38,9% se endeudó para pagar el alquiler.

El 65,2% mantiene saldos con tarjetas de crédito.

Los números reflejan una dependencia creciente del financiamiento para gastos corrientes, en un contexto donde los ingresos pierden poder de compra.

Ajuste en el hogar y cambio generacional

La crisis alimentaria se vuelve otro indicador crítico:

El 65,1% recortó el consumo de alimentos

Casi el 30% realiza solo una o dos comidas por día

La situación se agrava en jubilados:

El 41,7% come una o dos veces diarias.

El 72,2% recortó en alimentos.

El 86,1% destina más del 40% de su haber al alquiler.

El ajuste dentro del hogar resulta generalizado. El 89,6% de los inquilinos recortó gastos en distintos rubros, lo que deja en evidencia que el impacto no se limita a la vivienda sino que atraviesa toda la estructura de consumo.

Otro dato relevante es el cambio generacional en el acceso a la vivienda. La encuesta muestra el crecimiento de la llamada “segunda generación inquilina”:

CABA: 51,6%.

Córdoba: 38,5%.

Provincia de Buenos Aires: 36,0%.

Santa Fe: 35,7%.

Neuquén: 31,5%.

Consejos

Este fenómeno marca una ruptura en el modelo tradicional de acceso a la vivienda en Argentina, históricamente vinculado a la propiedad.

En cuanto al origen de la crisis, Muñoz lo definió como un escenario coyuntural ligado a decisiones económicas recientes. Explicó: “Estamos frente a una crisis coyuntural ocasionada por la política económica y por el decreto 70/2023 que terminó con la Ley de Alquileres”.

A la vez, sostuvo que la situación puede revertirse: “avisamos muchas veces que sin regulación del alquiler iba a pasar esto. Pero es coyuntural. Esto va a pasar, y vamos a revertir y reparar el daño”.

Frente a este contexto, el referente descartó salidas individuales y planteó una estrategia colectiva. “Que se organicen, que participen. No hay solución individual para el acceso a la vivienda”, indicó.

Como recomendación concreta para quienes deben firmar un contrato en el escenario actual, insistió en la necesidad de articulación y representación. En ese sentido, invitó a afiliarse al sindicato inquilino a través de la web oficial de la entidad.

Muñoz concluyó que la única salida posible pasa por la organización colectiva de los inquilinos y la reconstrucción de un marco regulatorio que permita equilibrar la relación entre propietarios e inquilinos.