Una nueva controversia sacude al sistema financiero y político argentino tras la denuncia presentada por la diputada nacional Mónica Frade, quien pidió a la Justicia investigar el otorgamiento de créditos hipotecarios por parte del Banco de la Nación Argentina a funcionarios y legisladores vinculados al oficialismo.

Según la presentación judicial, se habrían otorgado préstamos por montos que van desde los 100 hasta más de 500 millones de pesos —en algunos casos equivalentes a unos 350.000 dólares— a dirigentes cercanos al gobierno de Javier Milei. La denuncia apunta a determinar si existieron condiciones preferenciales o un relajamiento de los requisitos habituales.

“Se hace necesario que la Justicia determine si estos créditos responden a los procedimientos normales o si se han otorgado en condiciones excepcionales”, sostuvo Frade a Cadena 3, quien además advirtió sobre un posible uso indebido de fondos de los ahorristas.

Entre los nombres mencionados en la denuncia figuran funcionarios del equipo económico y legisladores oficialistas, como Juan Pablo Carreira, Pedro Inchauspe, Felipe Núñez, Federico Furiase, así como los diputados Mariano Campero, Santiago Santurio, Lorena Villaverde y Alejandro Bongiovanni. Varios de ellos habrían accedido a créditos millonarios en los últimos meses.

El caso se originó a partir del análisis de datos de la Central de Deudores del Banco Central, procesados por plataformas de acceso público, que evidenciaron un patrón de financiamiento concentrado en figuras políticamente expuestas.

En su presentación, Frade incluso mencionó la posible configuración del delito de tráfico de influencias, en caso de comprobarse que la posición política de los beneficiarios influyó en la aprobación de los créditos.

Sin embargo, desde el banco rechazaron de plano las acusaciones. La directora de la entidad, Carolina Piparo, aseguró que “no hubo ilegalidad, ni discrecionalidad ni excepciones” en el otorgamiento de los préstamos. Según explicó, el proceso de evaluación es “100% digital, trazable y basado en la capacidad de pago de cada solicitante”.

Fuentes de la entidad  dijeron que todos los créditos fueron otorgados bajo las mismas condiciones que cualquier cliente, y destacaron que el banco concentra actualmente nueve de cada diez préstamos hipotecarios en el país.

La causa ahora quedó en manos de la Justicia Federal, que deberá determinar si existieron irregularidades en la asignación de los fondos. Entre las medidas solicitadas, se incluye el acceso a los legajos completos de los beneficiarios, actas de directorio y peritajes contables para evaluar posibles perjuicios económicos.