ANDIS: piden nuevas indagatorias para Spagnuolo y más de 20 empresarios
El fiscal federal Franco Picardi detectó nuevas maniobras que habrían favorecido a un grupo de proveedores de insumos médicos de alto costo. La causa ya suma 19 procesados.
La causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo con el pedido de indagatoria para Diego Spagnuolo, Daniel María Garbellini, Miguel Ángel Calvete y más de 20 empresarios vinculados a la provisión de insumos médicos de alto costo. Según la fiscalía, se habría montado un esquema articulado entre funcionarios y privados que generó erogaciones por más de $75.478 millones de pesos del Estado.
De acuerdo con lo acreditado por la Fiscalía, las maniobras se desarrollaron al menos entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. Durante ese período, funcionarios de la ANDIS direccionaron de manera deliberada múltiples compras de insumos denominados PACBI, favoreciendo a proveedores vinculados, quienes resultaron adjudicatarios de millonarias contrataciones a cambio de retornos y beneficios indebidos.
Las actuaciones judiciales indican que el entramado incluyó a más de 20 empresarios y más de 30 firmas, articulados con referentes del sector público como Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini, y del ámbito privado, entre ellos Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian.
Las compras irregulares y el impacto en el sistema de salud
Los hechos investigados adquieren especial gravedad por el tipo de insumos involucrados. Se trata de dispositivos médicos de alto costo, como prótesis para amputaciones, implantes cocleares, materiales para cirugías complejas y sillas de ruedas motorizadas, entre otros.
Estos productos eran gestionados a través del Programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad o enfermedades crónicas en situación de vulnerabilidad, sin cobertura médica específica.
Según determinó la investigación, el Programa Incluir Salud, dependiente de la ANDIS, fue utilizado como plataforma para implementar un sistema ilegal de pagos permanentes en favor de determinados proveedores.
La Fiscalía sostuvo que, en lugar de cumplir con su función social, el programa fue utilizado para canalizar recursos públicos hacia intereses privados, afectando tanto al Estado como a la población destinataria de estas políticas.