Revés para la CGT: le sacan a los jueces laborales la definición sobre la reforma

Un juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a un pedido del Gobierno. La Justicia laboral ya había pedido la suspensión parcial de la ley aprobada por el Congreso.

Un fuerte revés sufrió la Confederación General del Trabajo (CGT) en su intento por conseguir que la justicia declare inconstitucional la ley de Modernización Laboral luego de que un juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal resolviera que ese fuero es el que deberá intervenir frente al reclamo de la central sindical.

La medida fue dictada por la jueza federal Macarena Marra Giménez, titular del juzgado Contencioso Administrativo Federal 12, quien resolvió hacer lugar a la inhibitoria planteada por el Ministerio de Capital Humano, que comanda Sandra Pettovello, y declaró la competencia de ese fuero en la causa iniciada por la CGT.

Lo cierto es que el fallo de Marra Giménez se conoció luego de que un tribunal de primera instancia en materia laboral suspendiera –de manera provisoria– la aplicación de 82 artículos de la Ley 27.802 de la reforma laboral.

Para sostener su reclamo de cambio de fuero, el Gobierno se apoyó justamente en el artículo 79 de la Ley de Modernización Laboral impulsada por el Ejecutivo que establece que la competencia de la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, para resolver sobre las cuestiones que tengan como parte demandada o como tercero interesado al Estado Nacional

Incluso la normativa prohíbe expresamente la intervención de la Justicia Nacional del Trabajo. La cuestión es que el controvertido artículo estaba suspendido por resolución del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63.

En la presentación, la CGT, representada por sus cotitulares Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, pidió que se declare la inconstitucionalidad de una amplia cantidad de artículos de la reforma laboral, publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026.

Asimismo, en la resolución se señala que el juzgado que está cargo del juez nacional del trabajo Raúl Horacio Ojeda, "no es un juzgado federal, razón por la cual la presente inhibitoria resulta procedente, máxime considerando que el Estado Nacional cuenta con la prerrogativa del fuero federal establecido por el artículo 116 de la Constitución Nacional".

Tras la aprobación de la ley de Modernización Laboral, la central sindical fue a la justicia a pedir que se la declare inconstitucional la propuesta impulsada desde la Casa Rosada y que en el Senado cosechó 42 votos y en Diputados 135, lo que marca una amplía mayoría en ambas cámaras.