La fiscal Natalia Giordano confirmó este lunes la formalización de una audiencia de suspensión de juicio a prueba (probation) para los dos imputados restantes en la causa por el bloqueo a la empresa Sadesa, ocurrido en 2023. Con este acuerdo, los cuatro involucrados evitaron el juicio oral, quedando sujetos a estrictas normas de conducta por un plazo de dos años.

Los beneficiarios de la medida son un exsecretario gremial y un colaborador del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cuero, quienes se sumaron a otros dos empleados que ya habían suscrito el mismo beneficio en la instancia preliminar.

La atribución delictiva, de la cual son coautores, incluye una serie de delitos en concurso real: violación de domicilio (casa o negocio), entorpecimiento del transporte, turbación de la posesión y amenazas corporativas.

Para que el proceso judicial se mantenga suspendido y no derive en una condena efectiva, los acusados deberán cumplir con tres requisitos fundamentales fijados por la Justicia: tareas comunitarias (realizarán cuatro horas semanales de servicio durante seis meses en una asociación civil); disculpas presenciales (deberán concurrir a la fábrica en un plazo de 30 días para pedir disculpas privadas y presenciales ante las autoridades de la firma); y una reparación económica (el pago de 500.000 pesos destinados a la misma entidad donde prestarán las tareas comunitarias).

Consultada sobre el vínculo actual de los imputados con la empresa y el gremio, la fiscal Giordano señaló que, tras el desplazamiento de la anterior cúpula sindical, los implicados ya no formarían parte de la estructura laboral de Sadesa.

"Al día de hoy ya no son empleados. Desconocemos si fue mediante renuncia o despido, ya que es un ámbito que excede a la Fiscalía, pero lo cierto es que ya no pertenecen al ámbito de la fábrica", aclaró la funcionaria.

La resolución judicial aporta un cierre a un conflicto que marcó la agenda gremial de Esperanza el año pasado, en un contexto de fragilidad económica para la planta curtiembre. Durante los próximos dos años, los implicados no podrán cometer nuevos delitos, bajo el riesgo de que se reanude el proceso hacia un juicio oral.

Audio: Natalia Giordano, fiscal