La muerte de niños en contextos de violencia familiar volvió a poner en debate el rol del Estado, la Justicia y los mecanismos de protección vigentes. El caso de Ángel López reactivó las comparaciones con el crimen de Lucio Dupuy y encendió alertas sobre posibles fallas estructurales en el sistema.

En ese marco, Mario Aguerrido, abogado de la familia de Lucio, dialogó con un móvil de LT10 y trazó paralelismos entre ambos hechos. Desde el inicio, fue contundente al describir su primera impresión: “El primer comentario que me vino fue: ‘otra vez lo mismo’”, en referencia a situaciones que, según sostuvo, se repiten de manera sistemática.

Para el letrado, el denominador común es claro: “Se puede graficar en dos palabras: Estado ausente”. En esa línea, explicó que esa ausencia se traduce en una falta de intervención judicial, carencia de seguimiento y decisiones que ignoran señales previas. “Estado ausente significa especialmente la falla en la intervención del Poder Judicial, sea porque no se escuchó al niño o porque no se hizo un seguimiento postvínculo”, señaló.

Aguerrido remarcó que en el caso de Ángel existían indicios que debieron ser considerados antes de definir su situación habitacional. “Antes de noviembre del año pasado, el chico había manifestado que no quería ir con la madre”, indicó. Asimismo, cuestionó que, pese a esos antecedentes, se haya otorgado el cuidado personal sin controles posteriores: “Esa situación tendría que haber sido monitoreada, revisada y controlada; aseguro que eso no pasó”.

El derecho a ser oído

Uno de los puntos centrales de su análisis fue el derecho del niño a ser escuchado. En ese sentido, advirtió sobre graves fallas en la interpretación de los testimonios: “Se lo escuchó tan mal al menor que se entendió que cuando decía ‘quiero ir con mi mamá’ hablaba de la madre biológica, cuando en realidad se refería a su madre de crianza”.

Para Aguerrido, esto evidencia problemas técnicos en los procesos: “Hay formas de abordar el testimonio de un menor para analizar incluso expresiones gestuales”, explicó. Además, comparó la situación local con la de otros países: “En España, ante cualquier conflicto que involucra a un menor, la primera medida judicial que se toma es la escucha del niño”.

La aplicación de la Ley Lucio

En cuanto a la Ley Lucio, el abogado fue categórico: “Es absolutamente ignorada en la Argentina en términos generales”. Si bien reconoció que establece pautas importantes, como la capacitación obligatoria de funcionarios, advirtió que su aplicación es muy limitada. “De todas las provincias que adhirieron, solo una la reglamentó”, aseguró.

Finalmente, Aguerrido insistió en que el eje debe ser el “interés superior del niño”, concepto que en este caso “ha quedado fuera de juego”. Planteó la necesidad de investigar responsabilidades dentro del sistema y señaló que podría haber una intervención del Consejo de la Magistratura para analizar el desempeño de los funcionarios involucrados.

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