La exministra de Salud del gobierno de Alberto Fernández, Carla Vizzotti, fue citada a declaración indagatoria para el 2 de junio junto a empresarios y referentes del ámbito sanitario en una causa que investiga presuntas irregularidades en la compra de vacunas contra el Covid-19 en 2020. La Justicia busca determinar si existió una demora deliberada en el acuerdo con Pfizer para favorecer negocios locales.

La medida fue ordenada por el juez Ariel Lijo a pedido del fiscal Carlos Stornelli, quien sostiene que durante la pandemia pudo haber funcionado una “matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses” en torno a la provisión de dosis.

Además de Vizzotti, la causa alcanza a figuras clave del ámbito científico y empresarial. El empresario Hugo Sigman deberá presentarse a declarar el 19 de mayo, mientras que el infectólogo Pedro Cahn fue citado para el 26. En total, hay más de una docena de personas convocadas en el expediente.

Según el requerimiento fiscal, los acusados habrían tenido participación en decisiones que postergaron la adquisición de vacunas de origen estadounidense, en un momento crítico de la emergencia sanitaria.

En un dictamen de más de 30 páginas, Stornelli plantea que ex funcionarios y empresarios habrían privilegiado intereses económicos por sobre la salud pública. La hipótesis central indica que el Estado argentino demoró de forma deliberada el acuerdo con Pfizer para beneficiar a laboratorios con vínculos locales.

El documento judicial sostiene que “habría existido en torno a las contrataciones otros intereses, posiblemente ilícitos, que fueron ponderados por encima de la salud de la población”.