El nuevo proyecto de ley sobre discapacidad enviado por el Gobierno nacional encendió las alarmas en organizaciones y referentes del sector. La iniciativa propone un reempadronamiento obligatorio y modifica el esquema de pensiones, lo que impacta directamente en miles de personas que dependen de esos ingresos para su vida cotidiana.

En Santa Fe, donde el sistema público y las redes de contención cumplen un rol clave, la preocupación se profundiza por las posibles consecuencias en el acceso a derechos básicos. En este contexto, la voz de Gabriela Bruno, referente en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, cobra relevancia frente a un escenario que define como crítico.

La dirigente cuestionó el enfoque del proyecto y el mensaje que transmite desde su propia denominación. “Armar un proyecto de ley con ese título es muy jugado”, advirtió, en referencia a la iniciativa denominada “Ley contra el fraude de pensiones por invalidez”. Al respecto, agregó: “Nos sigue poniendo en un lugar completamente desde una perspectiva moral”.

Para Bruno, el problema no es técnico sino político. “No es una cuestión de técnica, es una cuestión política; claramente quieren recortar a toda costa y a como dé lugar”, planteó, al tiempo que cuestionó la insistencia en auditorías sin resultados claros. “Desde el 2024 que arrancaron con las auditorías; no entiendo cómo aún no tienen resultados y vuelven a hacer una ley para decir lo mismo”, sostuvo.

Uno de los puntos más sensibles es el reempadronamiento obligatorio, que implicaría que las personas con discapacidad deban validar nuevamente su condición bajo criterios inéditos. “Te citan a lugares de auditoría como clínicas o sanatorios privados; no se hace con la red de efectores públicos de salud”, remarcó, poniendo en duda la transparencia del proceso.

El proyecto también avanza sobre la compatibilidad entre trabajo y pensión, una herramienta impulsada anteriormente para fomentar la inclusión laboral. “Aquellas personas que consiguieran un trabajo registrado no dejaban de cobrar la pensión, pero ahora apuntan a quitar eso”, señaló, y advirtió sobre el impacto directo: “Muchas personas dicen que no a un empleo por miedo a perder la pensión, que es lo único seguro que tienen”.

En ese sentido, planteó que, lejos de promover la inserción, las medidas podrían generar el efecto contrario. “Obliga a trabajar en negro al que puede, obliga a la exclusión”, afirmó, al describir un escenario donde no existen condiciones reales de empleabilidad.

Otro de los aspectos que genera mayor preocupación es la posible desregulación del sistema de prestaciones. “Rompe la universalidad, rompe la igualdad”, sostuvo, al referirse a los cambios en el nomenclador que hoy fija valores para servicios como centros de día, transporte o atención especializada. “Ahora todo eso queda librado al mercado”, advirtió.

El impacto no sería solo para las personas, sino también para las instituciones. “Estamos viendo un montón de centros que están cerrando porque se endeudan y no llegan”, describió, en un contexto donde los costos aumentan y los pagos no se actualizan al ritmo de la inflación.

Frente a este escenario, Bruno también apuntó a la falta de información oficial y a la incertidumbre que genera el nuevo esquema. “Esto queda como a capricho: te pueden llamar hoy o dentro de tres meses y, si no te presentás, se te cae la pensión”, alertó.

En medio de este panorama, el mensaje hacia las familias es claro: “Hay que seguir luchando”, sostuvo, y anticipó nuevas medidas de visibilización. “Habrá una gran movilización al Ministerio de Salud de la Nación por parte de instituciones, familias y personas con discapacidad”, concluyó.

Audio: Escuhá a Gabriela Bruno