La Cámara en lo Penal Económico rechazó la recusación promovida por Pablo Toviggino y confirmó la continuidad del magistrado Diego Amarante en la causa que investiga la retención indebida de más de $19.300 millones en aportes e impuestos. El fallo fortalece el proceso judicial y deja a la dirigencia del fútbol argentino ante un escenario de mayor exposición penal.

La causa que investiga una presunta evasión millonaria en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó este viernes un capítulo clave para su desarrollo: la Cámara en lo Penal Económico desestimó el pedido de recusación contra el juez Diego Amarante, ratificando su continuidad al frente del expediente.

La decisión constituye un revés contundente para la estrategia defensiva del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y, por extensión, para el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, ambos procesados en la causa.

El planteo había sido impulsado por la defensa de Toviggino, a cargo del abogado Marcelo Rocchetti, que buscaba apartar a Amarante bajo la acusación de “enemistad manifiesta” tras el procesamiento dictado semanas atrás. Sin embargo, los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio concluyeron que ninguno de los hechos invocados lograba demostrar animosidad personal, parcialidad ni pérdida de imparcialidad del magistrado, y confirmaron que el juez debe continuar instruyendo la causa.

En un fallo de fuerte tono institucional, Hornos recordó que la recusación es un mecanismo excepcional y que no puede utilizarse para cuestionar decisiones jurisdiccionales ni para intentar modificar la asignación del “juez natural”. “Por ninguna de las circunstancias invocadas por la parte recusante se revela la existencia de elementos objetivos que permitan considerar acreditada una enemistad, animosidad o aversión del magistrado, ni que autoricen a sospechar de la pérdida de la imparcialidad”, sostuvo el camarista.

Uno de los ejes centrales del planteo defensivo fue la supuesta filtración de información judicial a la prensa, que —según Toviggino— habría anticipado decisiones del juez y afectado su derecho de defensa. La Cámara descartó de plano ese argumento, al considerar que los artículos periodísticos citados por la defensa “no permiten suponer el adelantamiento indebido de una decisión”, sino que constituyen estimaciones razonables sobre una causa de interés público, apoyadas en plazos procesales conocidos.

Otro punto cuestionado fue el episodio ocurrido durante la declaración indagatoria de Toviggino, cuando el juez no autorizó su salida por una puerta alternativa para evitar el contacto con la prensa. El dirigente afirmó que se trató de una maniobra de “hostigamiento y persecución personal” destinada a exponerlo mediáticamente.

La Cámara, sin embargo, relativizó el hecho al señalar que ingresar y egresar por los accesos habilitados es la práctica habitual y que la organización de la seguridad respondió, en rigor, a advertencias previas de la propia defensa sobre posibles riesgos.

Con la recusación rechazada, Amarante queda plenamente respaldado para avanzar en una de las investigaciones más sensibles que enfrenta la conducción del fútbol argentino en décadas. La causa se originó por la presunta retención indebida de más de $19.300 millones correspondientes a impuestos nacionales y contribuciones previsionales que la AFA habría descontado a empleados, proveedores y terceros, pero no habría depositado en tiempo y forma entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

El juez procesó a Tapia, Toviggino y a otros dirigentes por los delitos de apropiación indebida de tributos agravada y apropiación de recursos de la seguridad social, al considerar acreditado un esquema sostenido de incumplimientos. En su resolución, Amarante describió la maniobra como “un evidente plan que abarcaba el depósito tardío de enormes montos dinerarios”, señalando que esa conducta permitió a la entidad obtener beneficios financieros cuantiosos por la utilización transitoria de fondos que debían ingresar al fisco.

La ratificación de Amarante se produce, además, en un contexto aún más adverso para la defensa: el fiscal de Cámara, Gabriel Pérez Barberá, solicitó agravar los procesamientos para incluir otros $6.000 millones vinculados a retenciones por publicidad que —según la acusación— también quedaron excluidos de los pagos en plazo. Si la Cámara confirma esa ampliación, la causa quedaría en condiciones de avanzar hacia un juicio oral, elevando de manera significativa la exposición penal de la conducción de la AFA.

Desde un punto de vista institucional, el fallo marca un límite claro a las tácticas procesales orientadas a desplazar al juez instructor y refuerza el principio de independencia judicial en causas de alto impacto público. Para la dirigencia del fútbol argentino, en cambio, el escenario se torna cada vez más complejo: no solo persisten las imputaciones por montos millonarios, sino que también se consolida un marco judicial que avala la continuidad de la investigación sin interferencias.

El desarrollo del expediente promete así un camino judicial de largo aliento, con implicancias que trascienden lo estrictamente penal. En juego no solo está la situación personal de Tapia y Toviggino, sino también la credibilidad institucional de la AFA y el debate sobre el manejo de fondos en una organización que administra recursos millonarios y cumple un rol central en la vida deportiva del país. Con la recusación rechazada y el juez confirmado, la Justicia dejó en claro que la causa seguirá su curso.