El contratista encargado de las refacciones de la casa del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el country de Indio Cúa, declaró este lunes ante la Justicia y aseguró que recibió pagos en efectivo y sin facturación por un total de u$s245.000. La declaración fue realizada en Comodoro Py ante el fiscal federal Gerardo Pollicita.

El constructor, Matías Tabar, detalló que los trabajos se extendieron durante varios meses e incluyeron intervenciones de fondo en una propiedad de aproximadamente 400 metros cuadrados. Según su testimonio, el dinero fue entregado directamente “en mano”. Además, según pudo averiguar Ámbito por fuentes judiciales, se construyó hasta una cascada.

En el marco de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, un contratista aseguró haber recibido un pago en efectivo de u$s245.000 por trabajos de remodelación en una propiedad vinculada al Jefe de Gabinete.

También se sumaron mejoras en cocina, baños y en otros sectores de la propiedad.

Las obras incluyeron intervenciones integrales en la vivienda, como la construcción de pisos y paredes nuevas, artefactos de baños, la instalación de una piscina, además de la mencionada cascada.

La vivienda investigada está ubicada en un country del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, cuenta con aproximadamente 400 metros cuadrados y figura a nombre de Bettina Angeletti, esposa del funcionario, según los registros.

Según la información incorporada en la causa, la propiedad habría sido adquirida en 2024 por un valor cercano a los u$s120.000, una cifra inferior al monto que, según el testimonio, se destinó posteriormente a su remodelación.

El arquitecto Matías Tabar

Tabar, vinculado al grupo Alta Arquitectura, fue convocado para detallar el alcance de las obras realizadas en la vivienda que el funcionario adquirió junto a su esposa a fines de 2024. El objetivo central de la Justicia es determinar cuánto dinero se invirtió y si esos montos se corresponden con los ingresos declarados.

En sus últimas apariciones públicas, Adorni rechazó las acusaciones de enriquecimiento ilícito y sostuvo que puede justificar tanto los más de u$s100.000 ya invertidos como otros u$s335.000 que, según indicó, aún debe abonar en propiedades.

En paralelo, la causa suma nuevas declaraciones. Está previsto que declare Leandro Miano, vinculado a operaciones inmobiliarias relacionadas con el entorno del funcionario. El fiscal también solicitó documentación, registros y comprobantes para reconstruir el circuito de pagos.

Uno de los puntos que genera mayor atención es la situación registral del inmueble en Indio Cuá. Aunque la escritura fue firmada en noviembre de 2024, la propiedad aún no figura a nombre del actual titular en los registros municipales, donde continúa asociada a su dueño anterior.