El Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia brindó precisiones sobre el procedimiento administrativo para intimar a los padres de menores que realizan amenazas de tiroteos en escuelas. Georgina Orciani, abogada de la cartera, explicó que el monto de las cauciones —que promedian los 6 millones de pesos— surge de un exhaustivo informe policial sobre el despliegue operativo de cada incidencia.

Tras conocerse el primer caso de una familia que se niega a pagar, la funcionaria dialogó con LT10 para disipar dudas sobre la legalidad del reclamo y la construcción de la cifra económica. Orciani subrayó que no se trata de una sanción penal, sino de un reclamo civil para recuperar los gastos operativos que estas conductas originan al Estado santafesino.

¿Cómo se llega a la cifra de 6 millones de pesos? La abogada detalló que el número no es arbitrario, sino que se construye en base a un informe detallado de la Policía de la Provincia tras cada llamado al 911. Entre los factores que componen la liquidación consolidada se encuentran: recursos humanos (costos del personal policial y brigadas especiales involucradas), movilidad y equipamiento (gastos de combustible, mantenimiento de móviles y uso de material técnico), gestión y apoyo (costos derivados de la gestión de la incidencia y, en caso de ser necesario, apoyo externo).

"Las sumas son dinámicas; no es lo mismo un operativo en el centro de Rosario o Santa Fe que una incidencia en localidades como Monte Vera, Pozo Borrado o Rufino", aclaró la funcionaria, destacando que el costo varía según la distancia y los recursos honestamente utilizados.

Ante los cuestionamientos sobre la falta de un procedimiento previo, Orciani aclaró que la provincia actúa sobre una identificación previa realizada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA). "La notificación que recibe el padre es el monto consolidado. Si los responsables legales quieren conocer el detalle, tienen la herramienta del proceso administrativo para tomar vista del expediente", explicó.

En caso de que la familia manifieste la imposibilidad de pago o disconformidad, existen dos caminos:

• Recurso administrativo: Los padres pueden interponer mecanismos legales dentro del proceso administrativo para intentar revertir o discutir el monto.
• Intervención de Fiscalía de Estado: Si no hay voluntad de pago ni acuerdo, el caso se deriva a la justicia civil para que el Estado persiga el cobro por vía judicial.

Estado de situación: 33 casos en trámite

Hasta el momento, el Gobierno provincial ha materializado 15 intimaciones y se encuentran en trámite administrativo otras 18 nuevas notificaciones que se entregarán en los próximos días.

Si bien todavía no han ingresado pagos efectivos a las cuentas de la provincia —dado que la mayoría de los casos se encuentra en plazos ordinarios de respuesta—, Orciani confirmó que ya existen comunicaciones de padres interesados en suscribir convenios de pago. "Recomendamos que se pongan en contacto para lograr convenios que permitan saldar la deuda según las posibilidades de cada familia", concluyó.

Audio: Georgina Orciani, abogada del ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia