El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, defendió el paquete de leyes enviado a la Legislatura santafesina para profundizar su plan de gestión. El funcionario argumentó que, si bien hay resultados prometedores en la disminución de homicidios, la criminalidad "está contenida pero no desmantelada".

"A nuestro modesto criterio, en cuanto levantemos el pie un milímetro del acelerador, corremos el riesgo de un rebrote o de que la delincuencia vuelva a recuperar el espacio", advirtió el ministro en diálogo con LT10. El paquete normativo generó controversias en redes sociales y cosechó objeciones por parte de algunos sectores de magistrados y abogados locales.

Ante las críticas que señalan un posible desbalance en las garantías constitucionales o un exceso de facultades para la Policía, Cococcioni se mostró abierto a la discusión: "De ninguna manera es un proyecto cerrado. Fuimos a la Legislatura a presentar los puntos principales y sabemos que esto es para debatir". Sin embargo, defendió la necesidad de otorgar nuevas herramientas a la política criminal debido al contexto de inseguridad que atraviesa la provincia.

El titular de la cartera de Seguridad recordó el crédito que posee la gestión tras la aplicación de normativas previas, como la Ley de Microtráfico. "Hace dos años pedimos herramientas que en su momento fueron consideradas extraordinarias. Nos dieron microtráfico, lo implementamos y hoy voy a derribar el búnker número 119 en la provincia", subrayó.

Respecto al temor de que las nuevas atribuciones policiales vulneren derechos individuales, el ministro ejemplificó con la propuesta de que los agentes puedan interrogar a un sospechoso en los primeros momentos de una investigación, una práctica común en otras jurisdicciones del país. "Santa Fe es una de las pocas provincias en las que la Policía tiene vedado cualquier contacto con una persona que podría ser imputada", explicó, aclarando que el piso de garantías —como el derecho a abstenerse de declarar o la presencia de un defensor— se mantiene intacto.

"El marco y el mecanismo en el cual actúan las instituciones es lo que da las garantías. Si a la declaración policial le ponemos reglas, parámetros y filmamos el procedimiento, ¿por qué va a ser menos garantizadora que la de un fiscal?", cuestionó Cococcioni.

El paquete también contempla la creación del "decreto penal" para regular contravenciones e infracciones leves sin necesidad de activar un juicio tradicional ante un juez de faltas. Esta medida busca optimizar los recursos del Poder Judicial y "cuidarle el bolsillo al contribuyente" que sostiene el sistema.

Al ser consultado sobre la aplicación de este procedimiento para resolver problemáticas complejas de la vía pública, como el control de los cuidacoches, el funcionario detalló: "Si no hay privación efectiva de la libertad, el decreto penal funciona como un procedimiento simplificado, con la posibilidad posterior de que el ciudadano se oponga a la sanción pretendida si así lo desea".

Finalmente, el ministro destacó la flexibilidad de algunas de las normas propuestas, como las zonas de intervención policial especial. Estas áreas contarán con reglas estrictas de control mientras los indicadores de criminalidad se mantengan elevados, pero las medidas cederán automáticamente una vez que la situación en el territorio se normalice.