La provincia de Santa Fe confirmó que disminuyeron de manera considerable las amenazas a escuelas realizadas por jóvenes y adolescentes, luego de la aplicación de sanciones económicas a las familias responsables. La información fue brindada este jueves por la vocera provincial, Virginia Coudannes, durante una conferencia de prensa realizada en la sede de Gobernación de Rosario.

Coudannes aseguró que “claramente hay una merma total de llamados al 911 respecto a amenazas” y recordó que el pico de denuncias se había producido semanas atrás. “La conferencia que hicimos acá está en una 3 o 4. De golpe en algún momento puede aparecer una, pero no es algo regular”, explicó.

En ese sentido, consideró que las medidas adoptadas tuvieron resultados concretos. “Quiere decir que las políticas han sido efectivas”, sostuvo, y confirmó además que ya hubo familias que pagaron las sanciones impuestas por el Estado santafesino.

En tanto, confirmó que “se pagó lo estipulado en uno de los casos que fue notificado. Nosotros hicimos 31 notificaciones”, detalló Coudannes, en referencia a las actuaciones impulsadas por el Gobierno provincial luego de las amenazas que obligaron a evacuar escuelas y activar operativos policiales.

La funcionaria agregó que continúan las consultas por parte de algunas familias sobre los procedimientos administrativos y judiciales vinculados a las multas. “Hay una decena de consultas por diferentes medios, sobre todo con el Ministerio de Justicia y con la Fiscalía, respecto de cómo es el procedimiento para el pago”, indicó.

Además, aclaró que hasta el momento no hubo presentaciones judiciales contra las sanciones aplicadas. “Por ahora no hay registro de que hayan judicializado desde la familia”, señaló la portavoz provincial.

Coudannes remarcó que el Gobierno mantiene un monitoreo permanente sobre este tipo de situaciones y continúa trabajando de manera coordinada con las fuerzas de seguridad. “Nosotros venimos en alerta, dándole seguimiento, siempre haciendo los cortes con el 911 respecto de las amenazas”, afirmó.

Desde la Provincia consideran que la combinación entre investigación, sanciones económicas y rápida intervención policial permitió desactivar una problemática que había generado fuerte preocupación en la comunidad educativa santafesina durante los últimos meses.