El debate sobre la seguridad en el entorno digital y el alcance de las herramientas estatales volvió a instalarse en la agenda pública a raíz de los proyectos normativos que buscan regular el ciberpatrullaje. El tecnólogo y especialista en ciberseguridad Rodrigo Álvarez, coordinador de la ONG Argentina Cibersegura, advirtió sobre los delgados límites entre la prevención delictiva y la vulneración de garantías constitucionales como la privacidad y la libertad de expresión.

"El patrullaje en el ciberespacio se realiza desde hace muchos años. La diferencia es que ahora el Gobierno provincial busca darle un marco legal específico", explicó Álvarez en declaraciones a LT10. El especialista recordó que a nivel nacional el término comenzó a implementarse en 2017 bajo la gestión de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y definió a la práctica como "un conjunto de actividades de monitoreo, observación y análisis en el entorno digital, trasladando al ciberespacio lo que tradicionalmente ocurre en el mundo físico".

Sin embargo, el tecnólogo diferenció el patrullaje preventivo de las técnicas de OSINT (Open Source Intelligence o inteligencia de fuentes abiertas), las cuales procesan datos públicos que los propios usuarios o instituciones descuelgan en internet. "Hacer OSINT con datos públicos es totalmente legal. El problema aparece cuando el patrullaje se vuelve dirigido y aleatorio hacia perfiles específicos, o cuando se confunde con la infiltración y el espionaje", alertó.

El vacío legal en el Código Procesal santafesino

Uno de los puntos más críticos señalados por el referente de Argentina Cibersegura es la falta de herramientas jurídicas adaptadas a la provincia de Santa Fe para convalidar las pruebas en causas complejas. Álvarez detalló que, mientras la intervención de comunicaciones tradicionales requería una orden de "pinchadura" telefónica, las comunicaciones actuales viajan de forma encriptada por internet, por lo que la única alternativa tecnológica para intervenir una línea en tiempo real es mediante un malware o "troyano judicial".

"Países como España ya lo tienen regulado en sus leyes, pero en la Argentina no está permitido", aclaró. Respecto al proyecto del Ejecutivo santafesino, precisó que la normativa contempla el uso de fuentes abiertas y la extracción de información de dispositivos ya secuestrados bajo estricta orden judicial, algo que actualmente se ejecuta en las investigaciones penales.

No obstante, el especialista remarcó que para avanzar sobre espacios cerrados o plataformas como Telegram se requiere modificar de raíz el marco normativo local. "Para que un policía se infiltre en un grupo digital y esa información sea válida como prueba en un juicio, se necesita modificar el Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe e incorporar figuras específicas como el 'agente digital encubierto', el 'agente revelador' o el 'agente provocador'. De lo contrario, cualquier evidencia obtenida podría ser anulada en los tribunales bajo la doctrina del fruto del árbol prohibido", enfatizó Álvarez.

Soberanía de datos y el proyecto "gemelo digital"

Durante la entrevista, el coordinador de Argentina Cibersegura también analizó la reciente propuesta del Gobierno nacional para crear un "gemelo digital" de la ciudadanía, un entorno virtual controlado que utiliza datos reales de la población para modelar y testear el impacto de políticas públicas a largo plazo.

"Desde el punto de vista técnico y de planificación, la medida es excelente porque permite evaluar escenarios, como la modificación de un plan social, sin poner en riesgo la economía real de las personas", analizó Álvarez.

A pesar de los beneficios predictivos, el tecnólogo sembró interrogantes respecto a la privacidad y la seguridad nacional: "El gran desafío es la soberanía de los datos. Si la empresa detrás del desarrollo es una firma extranjera con sede en Estados Unidos —como se sospecha en el sector tecnológico—, toda la información sensible de los argentinos quedará alojada en otro territorio y bajo legislaciones ajenas". Asimismo, concluyó que los resultados de las herramientas de inteligencia artificial aplicadas a estos modelos "nunca son inocentes", ya que responden a los sesgos e intereses de las corporaciones privadas que las desarrollan.

Audio: Rodrigo Alvarez, tecnólogo y especialista en ciberseguridad