El Concejo Municipal aprobó este jueves dos modificaciones de fuerte impacto para la habilitación y regulación de los locales comerciales en la ciudad de Santa Fe. Las medidas buscan, por un lado, desburocratizar y agilizar los trámites para los nuevos emprendedores y, por el otro, proteger la red de infraestructura sanitaria mediante la instalación obligatoria de dispositivos interceptores de grasa en los locales gastronómicos.

La importancia de las reformas fue destacada por el concejal oficialista Lucas Simoniello, quien explicó al Móvil de LT10 que la agilización administrativa se diseñó en un trabajo coordinado con la Secretaría de Producción del municipio, bajo la gestión del intendente Juan Pablo Poletti.

"El primer objetivo es simplificar los trámites para que las personas que quieren emprender o invertir en la capital provincial lo puedan hacer con un Estado que no ponga trabas, sino que les tienda la alfombra", señaló Simoniello. El concejal aclaró que esta flexibilización no significará un descuido de los controles, ya que los negocios deberán cumplir de forma estricta con todas las medidas de seguridad exigidas para funcionar.

El segundo eje de la reforma comercial introduce regulaciones de carácter ambiental y de servicios públicos, orientadas principalmente a los comercios que elaboran productos alimenticios. La normativa replica modelos ya vigentes en ciudades como Rosario, Rafaela y Buenos Aires, y responde a un diagnóstico crítico elaborado en conjunto con la empresa Aguas Santafesinas.

Según los informes técnicos, un solo espacio gastronómico sin la infraestructura adecuada puede llegar a generar al sistema cloacal una carga equivalente a la de 400 unidades de vivienda. "El desecho informal de aceites provoca la obstrucción y rotura de los caños. Esto genera desbordes que no siempre se ven frente al local gastronómico, sino en otros puntos de la misma cuadra, afectando gravemente a los vecinos y requiriendo la colocación de corralitos de obra", detalló el legislador local.

Esta falta de mantenimiento preventivo representa un gasto público elevado para el Estado y la prestataria del servicio. Simoniello graficó el impacto económico actual: "Una jornada de ocho horas de un camión desobstructor de Assa le cuesta al erario público unos 2 millones de pesos". Las autoridades identificaron que los dos principales problemas de la red sanitaria local son el vuelco de grasas y la conexión ilegal de desagües pluviales que saturan las cañerías con agua de lluvia.

La nueva ordenanza establece la obligatoriedad de colocar "graseras" o interceptores —dispositivos que funcionan de manera análoga al sifón doméstico tradicional— para retener los residuos antes de que lleguen a la red pública.

Simoniello destacó que la medida cuenta con el consenso de las asociaciones gastronómicas de la ciudad, con las que se mantuvo un espacio de diálogo previo. Además, la norma contempla la realidad edilicia de Santa Fe, donde muchos comercios se asientan en propiedades antiguas de 50, 60 u 80 años de antigüedad que suelen tener complicaciones en sus planos originales.

"Muchas veces, por la falta de agilidad en resolver los problemas de planos o plantas de inmuebles históricos, estábamos demorando la inversión de alguien que quiere generar trabajo. Con estas reformas barremos con esas trabas burocráticas para promover un ecosistema comercial y financiero más sano", concluyó el edil.

Audio: Lucas Simoniello, concejal