La Ley de Etiquetado Frontal, reglamentada en 2022, introdujo los sellos negros de advertencia para informar de manera clara sobre los excesos de sodio, azúcares, grasas, calorías, cafeína y edulcorantes.

Mariel Wicky, nutricionista, destaca que, antes de esta ley, solo el 35% de la población consultaba la tabla nutricional al dorso de los envases, y apenas un 13% lograba comprenderla. Con el sistema actual, el 90% de los consultados afirma que los octógonos permiten identificar con éxito los nutrientes que afectan la salud, siendo de vital importancia para personas con hipertensión o diabetes.

El impacto en las infancias y las recientes flexibilizaciones

Uno de los pilares de la ley es la regulación del marketing, que prohíbe el uso de personajes infantiles o deportistas en productos con sellos para no "seducir" a los niños hacia consumos poco saludables. No obstante, la especialista denunció que en diciembre de 2024 la ANMAT aplicó modificaciones que flexibilizaron estas reglas, permitiendo nuevamente el uso de figuras en productos que no sean "exclusivamente" para niños, lo cual genera confusión en el consumidor.

Argentina como modelo regional

Wicky subrayó que el sistema argentino, basado en los estándares de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), es considerado un modelo a seguir a nivel mundial. Países como Brasil están evaluando adoptar el esquema de Argentina, ya que mide los excesos por calorías y no por gramo de producto, lo que resulta más preciso para la salud.

El lobby industrial y el llamado a la acción

La docente de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL advirtió sobre la existencia de un fuerte lobby de las empresas alimenticias y de sectores de salud vinculados a intereses comerciales que buscan desacreditar la ley. Ante el intento de derogación, que según Wiki carece de fundamento científico, instó a la sociedad civil y a las instituciones a apoyar la normativa a través de la difusión de información y la firma de petitorios impulsados por organizaciones como la Fundación Sanar y la Fundación Interamericana del Corazón (FIC).

"La ley no prohíbe, la ley informa y con esa información la persona decide si consume o no", concluyó la especialista, enfatizando que el objetivo común debe ser la protección de la salud pública