Confirmaron parcialmente el fallo por el cual el abogado Sebastián Gervasoni y el policía Martín Horacio Herrera fueron condenados por un intento de extorsión sufrido por un hombre que estaba privado de su libertad en la ciudad de Santa Fe. La sentencia de segunda instancia fue ordenada por el camarista Roberto Prieu Mántaras, luego de una audiencia de apelación que se realizó en los tribunales de la capital provincial.

La investigación tramitó en la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1 y el fiscal Ezequiel Hernández representó al MPA.

“A pesar de que los abogados defensores de Gervasoni y Herrera cuestionaron la interpretación de las pruebas y la legalidad de determinadas diligencias investigativas, el juez de la Alzada rechazó esos agravios”, destacó el fiscal. Por otra parte, señaló que “si bien el monto de las penas de prisión de ejecución condicional y las multas que habían sido impuestas en primera instancia fueron levemente modificadas por el camarista, valoramos el doble conforme que ahora tienen las condenas”.

Asimismo, el funcionario del MPA hizo referencia a que “en sus fundamentos, el juez de segunda instancia retomó lo que planteamos acerca de la gravedad institucional del ilícito y su impacto en la confianza pública en las fuerzas de seguridad”.

En la Comisaría Cuarta

Hernández recordó que “Gervasoni y Herrera cometieron el hecho delictivo el domingo 2 de julio de 2017 en la Comisaría Cuarta, ubicada en el barrio Roma de la capital provincial”.

Relató que “el policía le dijo a un detenido que su caso estaba ‘complicado’ y lo instó a entregarle dinero y una bolsa de cocaína a cambio de ser liberado y no tener inconvenientes con la libertad condicional que le habían otorgado en el marco de otra investigación penal”. Según precisó, “el uniformado sabía que ese día se había dispuesto la libertad de la víctima y le ocultó esa información”.

En tanto, el fiscal detalló que “Herrera se contactó con el abogado condenado, quien fue hasta la comisaría, le reiteró al detenido la exigencia de dinero y le remarcó que él tenía vínculos con 'muchos fiscales' y que 'manejaba a la policía’”.

Hernández también sostuvo que “el intento de extorsión fue presenciado por una mujer que era la pareja del detenido y, en el hall de la comisaría, le dio a Herrera un teléfono celular y los papeles de dominio de una motocicleta”. En tal sentido, explicó que “el dispositivo y la documentación fueron tomados como garantías de que la víctima reuniría lo que se le había exigido y, supuestamente en función de ese acuerdo, el detenido recuperó su libertad”.

Entrega controlada

El funcionario del MPA indicó que “un día después del hecho ilícito, el hombre al que trataron de extorsionar y su pareja se dirigieron a la sede del MPA ubicada en 1° de Mayo 2820 e informaron lo que había sucedido”. Expuso que “la por entonces fiscal Mariela Jiménez oyó lo que la víctima relataba en Mesa de Entradas, se comunicó con Asuntos Internos de la policía provincial para que tomaran la declaración e inició la investigación”.

Además, Hernández planteo que “de forma coordinada entre la Fiscalía y Asuntos Internos se organizó una entrega controlada”. Al respecto, especificó que “el martes de esa semana al mediodía, el hombre intimidado y su pareja fueron hasta la Comisaría Cuarta, hablaron con el policía y él les dijo que se comunicaran con el abogado para establecer un punto de encuentro”.

“En función de lo convenido por teléfono, minutos antes de las 16:30, Gervasoni y la persona a la que intentó extorsionar se encontraron en Hernandarias y avenida Peñaloza para concretar el intercambio”, señaló el funcionario del MPA. “El abogado le devolvió a la víctima el teléfono celular y la documentación que la mujer le había dado al policía y recibió a cambio billetes previamente individualizados”, explicitó. 

“En el acto, personal de Asuntos Internos aprehendió a Gervasoni y secuestró el dinero y un automóvil en el que él había llegado hasta el lugar”, puntualizó el fiscal.     

Gervasoni y Herrera están condenados como coautores de una tentativa de extorsión calificada (por haber sido cometida con ánimo de lucro y con abuso en el desempeño de la profesión de abogado y de la función policial).