La fiscal general de la provincia, Cecilia Vranicich, dispuso dejar sin efecto el archivo de la causa penal contra la firma Moderno House y ordenó su inmediata reapertura. La medida fue impulsada tras el persistente reclamo de las familias damnificadas por supuestas estafas inmobiliarias en la ciudad de Santa Fe.

En declaraciones a LT10, Ignacio Chigal, el único abogado querellante que continuó batallando en el fuero penal en representación de 15 familias damnificadas, brindó detalles de la resolución y cuestionó con dureza el desempeño de los fiscales de las instancias inferiores.

"La resolución es favorable y genera una enorme satisfacción. La fiscal general Vranicich dictó un fallo ajustado a derecho, pero también con lógica y sentido común", destacó Chigal. Ahora, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) deberá sortear un nuevo fiscal para reactivar las pesquisas.

La empresa, que operaba en una conocida esquina de las avenidas Facundo Zuviría y Castelli, está acusada de defraudar a decenas de personas. Según explicó el querellante, los imputados —Gabriel Segovia y Camila Risi dos Santos— captaban clientes para la supuesta construcción de viviendas, recibían importantes sumas de dinero en efectivo y vehículos como parte de pago, pero nunca cumplían con la entrega de las propiedades.

A pesar de que al inicio del caso el fiscal original, el Dr. Grimberg, avanzó con allanamientos e imputaciones, el proceso sufrió un repentino cambio de rumbo. "Fue con todo al principio, pero luego le puso el freno de mano a la causa", graficó Chigal, quien además denunció inconsistencias graves, como la detención exclusiva de Segovia y no de su pareja.

El abogado recordó que la situación se tornó "muy difícil" cuando el fiscal de la causa comenzó a rechazar las pruebas presentadas por la querella. Entre los elementos desestimados figuraba la declaración de un supuesto arquitecto que aparecía en las redes sociales de la empresa para generar confianza en el engaño y que terminó confesando ante la propia Fiscalía que no poseía título profesional.

En abril de 2025, el fiscal Grimberg dispuso el archivo de las actuaciones, una medida que posteriormente fue ratificada por el fiscal regional de Santa Fe, Jorge Nessier, bajo el argumento de que se trataba de "meros incumplimientos contractuales" que debían resolverse por la vía civil.

Chigal relató que, antes de esa resolución, mantuvo una tensa reunión con Nessier junto a las familias afectadas: "El fiscal regional ponía las manos en el fuego por Grimberg. Argumentaban que, como la firma había construido algunas casas aisladas, lo de las otras 20 o 25 familias eran simples problemas de contrato, ignorando la clara existencia de un delito penal". Ante esto, el letrado interpuso un recurso de disconformidad ante la máxima autoridad del MPA en agosto del año pasado.

El abogado admitió que la intervención de la fiscal general para revocar una decisión de sus subordinados y ordenar la reapertura de una causa "no es habitual" en la provincia.

"El error de los fiscales inferiores fue muy grosero. Tuvo que venir la fiscal general, con muy buen tino, a bajar la situación a tierra y reabrir el caso", sentenció Chigal.

Aunque formalmente representa a 15 familias, el querellante aseguró que el número total de afectados supera las 20 personas en la capital provincial, aunque muchos decidieron no denunciar penalmente para evitar "volver a pasar por la amargura de recordar la estafa de la casa propia". Con este nuevo esquema judicial, las familias esperan que la justicia santafesina avance finalmente hacia el juicio oral.

Audio: Ignacio Chigal, abogado querellante