El debate sobre la protección de las infancias y adolescencias en los entornos digitales sumó un capítulo clave en la provincia. Invitado por la Cámara de Senadores de Santa Fe y un plenario de diputadas, el abogado Juan Facundo Hernández, fundador de Protección Digital Argentina y ex defensor nacional adjunto de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, expuso en la Legislatura la necesidad urgente de avanzar hacia regulaciones estrictas sobre el diseño de las plataformas.

En diálogo con LT10, Hernández advirtió que las herramientas de diálogo familiar, los controles parentales y la educación en ciudadanía digital que se promueven en los hogares y las escuelas ya no alcanzan frente al avance tecnológico.

"Quienes trabajamos en infancia tenemos como marco de acción la Convención sobre los Derechos del Niño, y el propio comité que supervisa su cumplimiento ya advirtió que internet no fue pensado para los chicos", explicó el especialista. El foco del problema, según indicó, radica en la responsabilidad primordial de las empresas tecnológicas: "El diseño actual de las plataformas es adictivo y está estructurado para la captación masiva de datos de niñas y niños mediante algoritmos que, en materia de infancia, deberían estar prohibidos".

Para el letrado, la discusión global no debe centrarse en la tecnología en sí misma, sino en implementar un "código de diseño apropiado para la edad". "Un chico de dos años puede ver un video educativo en una tablet; el problema real aparece cuando un adolescente de nueve años pasa seis horas por día en Instagram o TikTok escrutando contenidos violentos o inapropiados", graficó.

Al ser consultado sobre las experiencias de países como Dinamarca o Australia, que plantearon la prohibición absoluta del uso de redes sociales para menores de 16 años, Hernández se mostró alineado con las organizaciones internacionales que rechazan las restricciones totales.

"A nosotros no nos gusta la prohibición absoluta y a las organizaciones que trabajan en esto tampoco. Las infancias utilizan las redes para participar, comunicarse y crear; no hay que demonizar la tecnología, sino exigir productos adecuados", argumentó. Además, alertó sobre los efectos contraproducentes de estas medidas: "En Australia se está comprobando que los chicos simplemente migran hacia otras redes que surgen constantemente y que no poseen ningún tipo de control ni cuidado".

Por otra parte, puso el foco en las deficiencias de los mecanismos actuales para verificar el ingreso de los usuarios informales. Aunque la normativa teórica de las principales plataformas impide el registro de menores de 13 años, un estudio privado reveló que la edad promedio de ingreso real en el país es de 9,6 años.

"Ahí sí tiene que aplicarse una revisión de fondo. Lo que se está ejecutando en otros países es una validación de edad en serio, no un simple casillero o una fecha de nacimiento que los chicos pueden mentir al bajarse la aplicación", enfatizó Hernández. No obstante, reconoció que esto abre un complejo debate internacional en torno a la privacidad: "Si buscamos minimizar la captación de datos de las corporaciones, tampoco podemos entregarle datos particulares e identitarios de todos los ciudadanos del mundo a empresas privadas".

Qué puede hacer la provincia de Santa Fe y el avance legislativo nacional

En cuanto a la capacidad de los Estados para auditar a los gigantes tecnológicos transnacionales, el fundador de Protección Digital Argentina diferenció dos modelos regulatorios dentro de la región: el de Colombia y el de Brasil. Mientras que el territorio colombiano sancionó una ley meramente declarativa que no contempla penalidades y lleva un año sin generar cambios reales, Brasil avanzó con una legislación que fija sanciones concretas y auditorías estrictas.

"La Argentina necesita una ley nacional con más dientes, que exija evaluaciones de impacto, verificación real y cuente con un organismo de control que audite a las empresas", detalló Hernández, quien adelantó el lanzamiento global de una campaña de concientización para el próximo 8 de junio. En dicha investigación, organizaciones simularon cuentas automatizadas de niños de 11 años (avatares) en distintas redes sociales: "Sin ningún tipo de verificación de edad, en apenas cinco o diez minutos ya accedían de forma directa a contenidos de violencia y abuso profundamente documentados", alertó.

A nivel nacional, el especialista destacó que la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia de la Cámara de Diputados de la Nación comenzó esta semana el tratamiento de un proyecto de regulación de estas características, impulsado por una presentación que sumó el respaldo de 300 organizaciones civiles y el empuje de colectivos de padres que promueven entornos libres de pantallas en los colegios. En ese plano, valoró el trabajo del diputado nacional santafesino Esteban Paulón, autor de una de las iniciativas en debate.

Finalmente, Hernández aclaró que, más allá de la necesidad de un marco normativo federal, la provincia de Santa Fe posee competencias directas para actuar en sectores críticos como la educación y el sistema de asistencia estatal: "Durante la pandemia se realizó una investigación en Argentina que demostró que el 90% de las plataformas de tecnología educativa que se usaban en las escuelas captaban datos de los alumnos, y la mitad de esas empresas los vendía a firmas de publicidad. Eso sí lo puede regular Santa Fe dentro de su sistema escolar".

Asimismo, señaló la urgencia de actualizar los canales públicos de denuncia, como la Línea 102. "Los chicos y las chicas hoy casi no usan el teléfono para llamadas tradicionales. El gran desafío provincial es trasladar esa línea de asistencia de manera digital a las propias redes sociales donde ellos habitan. Hay muchísimas herramientas al alcance de la provincia mientras se da la discusión en el Congreso de la Nación", concluyó.

Audio: Juan Facundo Hernández, abogado. Fundador de Protección digital Argentina