Las multitudinarias marchas realizadas este martes en distintos puntos del país, incluida la ciudad de Santa Fe, volvieron a poner en agenda la violencia de género, los femicidios y el rol del Estado en la prevención y protección de las víctimas. A diez años del surgimiento del movimiento Ni Una Menos, miles de personas se movilizaron para reclamar políticas públicas y respuestas frente a una problemática que continúa generando preocupación social.

En ese contexto, la licenciada en Ciencia Política Lilia Puig dialogó con LT10 y sostuvo que la convocatoria tuvo una fuerte carga simbólica, pero también estuvo marcada por la preocupación de la sociedad ante la persistencia de los hechos de violencia contra las mujeres.

"La marcha fue una marcha muy importante", afirmó, y destacó que, más allá de las discusiones políticas que rodearon la convocatoria, observó "una enorme presencia de chicas, de adolescentes, mucha gente, muchas mujeres y también hombres". En particular, remarcó la participación de jóvenes con sus hijos y consideró que se trata de una señal positiva de involucramiento social frente a la problemática.

Para Puig, la movilización reflejó una demanda concreta hacia el Estado. Según explicó, quienes participaron reclamaron que funcionen los organismos responsables de prevenir la violencia de género y evitar los femicidios. Sin embargo, consideró que el dato más preocupante fue el clima que percibió durante la jornada. "Ha sido una marcha importante desde el punto de vista de la presencia ciudadana, pero que está signada por el miedo", aseguró.

En ese sentido, agregó: "No se va a demandar alegremente. Se va a demandar porque se tiene sensación de cierta inseguridad". Sostuvo además que ese sentimiento debe formar parte del debate público.

Consultada sobre los cambios culturales vinculados al rol de la mujer en la sociedad, Puig consideró que existe una transformación profunda que algunos sectores políticos no logran interpretar. "Hay una sociedad en proceso de transformación y eso es la modernización de la sociedad, es la incorporación de la mujer", señaló.

A su entender, se trata de un fenómeno histórico que excede coyunturas políticas y que está vinculado al reconocimiento de derechos y libertades. Por eso cuestionó los discursos que intentan relativizar las desigualdades de género o negar las problemáticas específicas que afectan a las mujeres.

Durante la entrevista también fue crítica de las declaraciones de funcionarios nacionales que evitan utilizar el término femicidio. En referencia a la postura expresada por integrantes del Gobierno nacional, sostuvo que "es una estupidez" porque significa "pretender tapar el sol con la mano". Además, recordó que la figura está contemplada en el Código Penal y cuenta con amplio reconocimiento social.

"Todos sabemos que la figura del femicidio está instalada, está fundamentada penalmente. No cualquier homicidio es un femicidio, hay condiciones para eso", explicó.

Puig vinculó además la persistencia de estos hechos con problemas estructurales de las instituciones encargadas de prevenirlos y sancionarlos. En ese marco, hizo referencia a recientes casos de violencia y trata de personas y advirtió sobre las consecuencias de prácticas políticas que debilitan los mecanismos de control.

"Las prácticas clientelares destruyen las organizaciones porque entra gente simplemente por beneficios políticos", afirmó. Y agregó que muchas veces no existen controles suficientes sobre quienes acceden a cargos de responsabilidad dentro del Estado.

La licenciada también puso el foco en la selección de jueces y fiscales, un aspecto que consideró clave para el funcionamiento institucional. "La selección de los fiscales, de los jueces, es una cuestión muy delicada que no puede estar en manos de la orientación política del gobierno", sostuvo.

Sobre el final, insistió en la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de garantizar derechos y proteger a la ciudadanía. "Tenemos que conseguir revalorizar las instituciones", afirmó, al considerar que la Justicia, las fuerzas de seguridad y los organismos públicos cumplen un papel central para enfrentar la violencia de género y otras problemáticas sociales.