El proyecto de ley que busca regular o prohibir la actividad de los cuidacoches en la provincia de Santa Fe cuenta con preferencia para su tratamiento en la Cámara de Diputados. Mientras continúan las intensas negociaciones políticas en la Comisión de Asuntos Constitucionales para intentar emitir un dictamen este mediodía, el debate sumó ayer las voces de la Pastoral Social y del Foro contra la Impunidad y por la Justicia, quienes expusieron sus reparos ante un plenario de comisiones.

El diputado Rubén Galassi defiende una postura intermedia y sostiene la necesidad de una reglamentación específica que evite generalizar todas las situaciones de asistencia en la vía pública. Para el legislador, es fundamental trazar una línea clara entre quienes realizan tareas por extrema necesidad y aquellos que ejercen violencia organizada en eventos masivos.

"Entiendo que es una actividad que hay que reglamentar. Sí tengo diferencias con el texto que vino aprobado desde el Senado, porque entiendo que hay que ser mucho más específico", señaló Galassi, cuyo enfoque busca evitar que el rebusque diario de los sectores vulnerables se convierta automáticamente en una contravención punible.

Asimismo, el diputado puso el foco en la coacción ejercida por grupos organizados, especialmente en los alrededores de los estadios de fútbol de la provincia, donde la presencia de las barras bravas constituye un problema estructural. "Es un secreto a voces que en los estacionamientos de los entornos de las canchas de Colón, Unión, Rosario Central y Newell's está metida la barra. Eso no lo podemos permitir", enfatizó Galassi, quien propone que los municipios asuman un rol activo en el juzgamiento de estas faltas a través de sus propias estructuras de control local.

Advertencias por inconstitucionalidad y "aporofobia"

Desde una perspectiva jurídica, el abogado Guillermo Munné, miembro del colectivo Tramas-Derecho en Movimiento e integrante del Foro contra la Impunidad y por la Justicia, calificó el proyecto como una medida "profundamente discriminatoria y violatoria de la Constitución Nacional". El letrado argumentó que el Estado no debe entrometerse en acuerdos privados y voluntarios entre ciudadanos, y recordó que el Código Procesal Penal ya prevé sanciones para la extorsión y la coacción sin necesidad de sancionar una nueva norma.

"El proyecto es rotundamente inconstitucional porque acumula muchos vicios, principalmente un carácter discriminatorio en sentido antijurídico para el derecho argentino", afirmó Munné, tras advertir que la norma penaliza la pobreza en las zonas más privilegiadas de la ciudad.

El abogado enfatizó que la mayoría de los trabajadores informales mantienen vínculos de confianza y cotidianidad con los vecinos, por lo que la iniciativa legislativa parece basarse más en prejuicios subjetivos que en daños reales: "Si yo acuerdo como un ciudadano libre y adulto con un trabajador informal que se ofrece a mirar el coche por un tiempo, a cambio de una retribución que encuentro más que razonable, se trata de una acción privada de las personas en la que el Estado no se puede entrometer".

Además, Munné alertó que la duplicación de penas en las zonas donde ya rige el sistema de estacionamiento medido es una muestra explícita de "aporofobia" o fobia a las personas pobres.

La postura de la Iglesia: "La prohibición no resuelve la problemática"

La delegada episcopal de la Pastoral Social, Melisa Seimandi, expresó la preocupación de la Iglesia Católica local ante una ley que, según considera, "corre el eje" del problema socioeconómico subyacente. Para la Pastoral, la prohibición punitiva no es una solución mágica y debe ser reemplazada por políticas de inclusión integral que contemplen la realidad de las familias que dependen de este sustento para comer.

"La prohibición no resuelve la problemática. No atiende a la persona en su integralidad, sino que dice: 'Acá tenemos un problema, vamos a prohibir la actividad y corramos a estas personas'", cuestionó Seimandi, quien abogó por distinguir la necesidad social del Rebusque delictivo.

Desde la doctrina social de la Iglesia recalcaron que el Estado provincial debe ofrecer herramientas reales de capacitación e inserción laboral formal antes de aplicar medidas restrictivas y de exclusión. "Hay que hacer una distinción entre el grupo de personas que se han visto empujadas por la necesidad y aquellas que mediante amenazas coaccionan a los conductores. Para esto último, el Estado ya tiene herramientas penales para dar intervención", concluyó la representante eclesiástica.

El impulso de la prohibición absoluta y el debate territorial

En la vereda opuesta, el diputado provincial y pastor evangélico Walter Ghione, uno de los principales impulsores de la prohibición, argumentó que la visión "romántica" del cuidacoches de confianza desapareció para dar lugar a situaciones generalizadas de extorsión y control territorial en las grandes ciudades de la provincia. Para el legislador, la ley es una herramienta de orden público necesaria para que la policía pueda actuar de forma preventiva, sin necesidad de esperar una denuncia formal que muchas veces no se realiza por miedo a represalias.

"Lamentablemente, al pasar los años se convirtió en una situación donde están relacionados el control territorial, la extorsión y, en muchos casos, personas con consumos problemáticos y adicciones", señaló Ghione.

El legislador sostuvo que la actividad informal en la calle no dignifica a las personas y defendió que el proyecto contempla programas de reconversión laboral para aquellos que actúan "de buena fe". "El propósito de este proyecto es que la gente que delinque esté lo más lejos posible del espacio público. La gente de bien siempre aprovecha las oportunidades de reinserción que se le dan", afirmó el diputado, asegurando que el objetivo final es devolver la tranquilidad a los vecinos y recuperar el control de la calle.

El testimonio de la calle: "A mi edad ya no te dan trabajo"

La contracara del debate legislativo se vive a diario en las veredas santafesinas. Un cuidacoches de 62 años, que desempeña la tarea desde hace casi dos décadas en la capital provincial, relató a LT10 su convivencia pacífica con los vecinos, aunque reconoció que existen elementos conflictivos que dañan la imagen de todo el sector. El trabajador expresó su desesperación ante la posibilidad de una prohibición total que lo deje sin sustento, a una edad en la que el mercado laboral formal lo excluye de manera automática.

"Hace 17 años que estoy acá trabajando de esto. Estoy en una parte de acuerdo con lo que quieren hacer, porque tienen que sacar a los pibes que están perdidos con la droga y generan problemas, pero no nos pueden meter a todos en la misma bolsa", explicó con preocupación.

La incertidumbre central de este trabajador radica en la falta de alternativas reales para subsistir debido a su edad avanzada. "A la edad que tengo no sé adónde iré si me sacan de la calle. Si a los 30 o 40 años ya no te dan trabajo en ningún lado, imaginate con la edad mía", graficó. Finalmente, resaltó que es controlado frecuentemente por las fuerzas de seguridad y que jamás tuvo un problema legal, ya que su labor se basa exclusivamente en la confianza de los propietarios que, desde hace años, incluso le dejan las llaves de sus vehículos.