El Gobierno de Santa Fe llevó adelante este jueves el derribo de dos inmuebles utilizados para la venta de estupefacientes en la ciudad de Esperanza, en el marco de la aplicación de la Ley de Microtráfico y de la estrategia de seguridad impulsada por la gestión provincial. Con esta intervención, sumada a otra realizada en Rosario, la Provincia alcanzó los 125 puntos de comercialización de drogas inactivados desde la entrada en vigor de la normativa.

Las demoliciones se concretaron en un pasaje interno ubicado entre las calles Corrientes y Chaco al 3000, donde las investigaciones determinaron que ambos inmuebles eran utilizados para actividades vinculadas al narcomenudeo. La medida tuvo como objetivo impedir que los espacios vuelvan a ser utilizados con fines delictivos y recuperar sectores del entramado urbano afectados por estas prácticas.

Del operativo participaron el subsecretario de Análisis Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad, Sebastián Montenotte; los fiscales Alejandro Benítez y Diego Vigo; el intendente de Esperanza, Rodrigo Müller; y la diputada provincial Jimena Senn.

Montenotte destacó que estas intervenciones forman parte de uno de los ejes centrales del plan de seguridad provincial y afirmó: “El avance sobre el microtráfico permite reducir las condiciones que generan hechos violentos y delitos predatorios asociados a estas estructuras criminales”.

Asimismo, remarcó la importancia del trabajo articulado entre la Policía de Investigaciones (PDI), la Unidad Regional XI, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Municipalidad de Esperanza. En ese sentido, señaló que el aporte de recursos logísticos y tecnológicos, entre ellos el sistema de videovigilancia municipal, resultó fundamental para el desarrollo de las investigaciones y la concreción de los derribos.

La investigación se inició a partir de denuncias realizadas a través del 911 y del programa Buzón de la Vida, canalizadas por la Oficina de Microtráfico del MPA. Como resultado de las tareas investigativas y de los allanamientos realizados, cinco personas permanecen actualmente con prisión preventiva vinculadas a la causa.

Por su parte, el fiscal regional Diego Vigo subrayó la importancia de estas medidas dentro del proceso de desfederalización parcial de la persecución penal del narcomenudeo. “Los derribos constituyen una herramienta fundamental porque permiten neutralizar estos espacios, impedir su reutilización y recuperar los barrios para los vecinos”, sostuvo.

A su turno, el intendente Rodrigo Müller valoró el trabajo conjunto entre la Municipalidad, la Provincia, la Justicia y las fuerzas de seguridad para avanzar en la recuperación de espacios afectados por la actividad delictiva. En la misma línea, la diputada provincial Jimena Senn destacó el acompañamiento legislativo a herramientas como la Ley de Microtráfico, que permiten obtener resultados concretos en los territorios.

Con los procedimientos realizados este jueves en Esperanza y Rosario, la provincia consolidó un total de 125 inmuebles vinculados al narcomenudeo derribados o inhabilitados desde diciembre de 2023, en el marco de una política orientada a desarticular estructuras de venta minorista de drogas y recuperar espacios para la comunidad.