Continuará en prisión preventiva, alojada a disposición del Servicio Penitenciario, una suboficial de la Policía de Investigaciones (PDI), cuyas iniciales son EEO, a quien se le atribuyó haber filtrado información reservada en el marco de una investigación por microtráfico en Avellaneda.

La decisión fue tomada por el juez Mauricio Martelossi en una audiencia de revisión de la medida cautelar en la que la Defensa de la imputada solicitó la morigeración y el fiscal a cargo de la investigación, Sebastián Galleano, se opuso.

“Los abogados defensores pidieron que la mujer cumpliera la preventiva de forma domiciliaria en una vivienda de Avellaneda y que su hermana fuera la guardadora”, informó el fiscal Galleano, integrante de la Unidad Fiscal Especializada de Microtráfico de la Fiscalía General. “Desde el MPA brindamos argumentos opuestos a la solicitud defensiva, el juez coincidió con nuestro planteo y decidió mantener la medida cautelar tal como fue impuesta en la audiencia del pasado viernes 5 de junio”, señaló.

El fiscal precisó que “los abogados defensores fundamentaron su pedido en que la mujer investigada tiene un hijo menor de edad”, y agregó que “desde la Fiscalía sostuvimos que desde la audiencia en la que se impuso la prisión preventiva no hubo nuevos hechos que ameriten cambiar lo dispuesto en relación a la cautelar”.

“El magistrado avaló nuestra postura y rechazó la solicitud de la Defensa”, valoró el fiscal.

Información

En relación con los hechos ilícitos, Galleano puntualizó que “la mujer imputada y un oficial de la PDI que también está en prisión preventiva ayudaron a un hombre investigado por vender drogas y a otras personas vinculadas a él a dificultar el accionar del MPA y las fuerzas de seguridad”. Subrayó que “se aprovecharon de su condición de funcionarios púbicos con acceso a información confidencial”, y afirmó que “permitieron frustrar parcialmente una serie de allanamientos realizados el viernes 29 de mayo en Avellaneda”.

“Mientras la suboficial estaba de licencia, el otro imputado le comunicó la fecha exacta en la que iban a ser allanados una serie de domicilios en Avellaneda”, expuso el fiscal. “A su vez, la uniformada alertó por WhatsApp a uno de los residentes en esos inmuebles, a fin de que tanto él como los integrantes de su entorno pudieran eludir la persecución penal”, manifestó.

En tanto, Galleano detalló que “hay evidencias de que cuando se descubrió la filtración, los imputados hablaron entre sí acerca de los mensajes que los comprometían, eliminaron conversaciones y descartaron dispositivos móviles”.

“Para procurar su impunidad, los integrantes de la PDI investigados trataron de instalar la hipótesis de que los datos habían sido difundidos por otros miembros de la fuerza”, destacó el fiscal. “Por sí mismos o por terceros a los que se lo pidieron, confeccionaron imágenes digitales que simulaban ser capturas de pantalla de chats de WhatsApp que sus superiores y compañeros de trabajo supuestamente habían mantenido con referentes de los inmuebles allanados”, puntualizó.

Calificaciones penales

Al oficial y la suboficial imputados se les endilgó la coautoría de los delitos de encubrimiento agravado (por ser funcionarios públicos) e incumplimiento de los deberes de funcionario público.